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© José Buajasán Marrawi, 2002
José Luis Méndez Méndez, 2002
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Editorial de Ciencias Sociales, 2018
ISBN 978-959-06-1978-6
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Preámbulo
Los negros tristes porque ya no hay sol que no
salga sobre el cadáver de uno de ellos,
muerto a manos de los blancos del Sur... 1
José Martí, Nueva York, 17 de agosto de 1887.
No se aflijan más mis hijos, no más
por la mentira que nos mata.
Con una lágrima inocente y un dolor
llevando alto la frente gritarán.2
Ethel y Julius Rosenberg, 19 de junio de 1953.
En Texas, más vale ser rico y culpable que pobre e inocente.
De eso se trata este caso.
Shaka Sankofa, 7 de junio de 2000.3
Habló como un profeta.Arengó a seguir luchando contra
lo que calificó de holocausto o genocidio que sufren los
afroamericanos. Exigió la reivindicación de su inocencia.
Murió como un héroe.4
Fidel Castro Ruz, 24 de junio de 2000.
1 José Martí en los Estados Unidos, t. 11, p. 264, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963.
2 Poema que les dejó Ethel Rosenberg a sus hijos, poco antes de ser ejecutada. Mesa Redonda de la Televisión Cubana de 19 de junio de 2000, aparecida en Granma, al día siguiente.
3 “Shaka Sankofa desde el pabellón de la muerte”, entrevista que le realizó Greta van Susteren, de CNN, el 7 de junio de 2000.
4 Fragmento del mensaje de Fidel Castro a los holguineros, el 24 de junio de 2000, donde analiza el asesinato en los Estados Unidos de Gary Graham —Shaka Sankofa— dos días antes.
Prólogo
Estos hechos nos convencen más que nunca de que el futuro pertenece por entero a nuestros sueños de igualdad y justicia para todos los seres humanos.
¡Los pueblos vencerán!
Fidel Castro Ruz, 24 de junio de 2000.
Uno de los mitos más sostenidos del siglo actual ha sido considerar a los Estados Unidos como un santuario de los derechos civiles y humanos en el mundo. Esta quimera ha pasado de generación en generación como paradigma de lo justo y anhelado; sin embargo, las violaciones de los derechos humanos en ese país son cada día más evidentes para la humanidad.
Esto motivó la presente investigación, para indagar en el tiempo sus orígenes más remotos. Pudiera decirse que la historia de ese país es también la evolución de la discriminación más despiadada hacia los indios, africanos negros, asiáticos, hispanos, y otros grupos de inmigrantes, quienes con su sangre y sudor forjaron esa nación. Esta ha sido una violación histórica de los derechos humanos.
No es necesario hurgar en lo profundo del pasado estadounidense para llegar a conclusiones al respecto; emergen en la historia testimonios celosos que se oponen a callar esta realidad de nuestros días.
Estos grupos sociales, marginados como tendencia dentro de esa sociedad, han sido y son reprimidos, acosados y obligados a imponerse para ganar un espacio bajo el sol del “sueño americano”.
La violencia ha sido una característica de ese país. La respuesta brutal de las instituciones a cargo del orden ha engendrado más violencia, la que ha llegado a situaciones límites donde el privar de la vida como efecto y consecuencia de esas causas sociales ha hecho de la pena de muerte una pena usada y abusada por el sistema judicial estadounidense.
Las violaciones a los derechos humanos de los estadounidenses se manifiestan en todas las esferas de la vida; dentro de esa sociedad unos segmentos son más afectados que otros. Una de las violaciones alcanza incluso a aquellos que esperan en el pabellón de la muerte emprender el camino sin retorno, que como castigo a sus faltas les ha impuesto la sociedad por medio de la justicia.
Muchas de estas faltas capitales tienen un origen económico. Simples ciudadanos impulsados por la desesperación acuden al delito como vía para subsistir. A pocos meses del fin del milenio, los Estados Unidos son un país considerado como el más poderoso económicamente, con una economía en auge, pero donde persiste aún la pobreza. De acuerdo con el censo de 1991, 35,7 millones de estadounidenses eran pobres, lo cual representaba 14,2 % de la población total. En 1980 se contaba ya con 29 millones de personas en estado de pobreza, y en 1984 la cifra rebasó los 33 millones, es decir, esa espiral se incrementó sucesivamente.5
La mitad de la población pobre de los Estados Unidos era de jóvenes menores de 18 años, de ellos 32,7 % eran negros, 28,7 % de origen hispano y 11,3 % blancos. El sociólogo estadounidense Harrell Rodgers indica en un estudio sobre el problema: La pobreza galopa a todo lo largo y ancho del país.6
Esta inseguridad social alcanza también a la atención médica, ya que los súbditos estadounidenses no reciben de su gobierno lo indispensable en materia de salud. Solo se hará una breve cita del senador Edward Kennedy, quien en 1987 era presidente de la Comisión sobre Fuerza Laboral y Recursos Humanos del Senado, para ilustrar esta afirmación: 37 millones de nuestros compatriotas, incluyendo a 11 millones de niños, carecen de la asistencia médica básica. No podemos estar satisfechos con el hecho de que los Estados Unidos ocupen solo el decimoséptimo lugar en el mundo por su nivel de mortalidad infantil.7 Estos son unos de los llamados derechos inaceptados, excluidos de la Ley Fundamental de los Estados Unidos, que no aparecen ni en la Carta de Derechos de 1891, que solo consideró los derechos civiles y políticos y no los socioeconómicos.
Se ha seleccionado en esta obra el comportamiento de la aplicación de la pena de muerte como sentencia en los Estados Unidos. Es un tema vigente dentro de las violaciones de los derechos procesales de acusados y sentenciados por faltas capitales. Abordará cómo los procesos penales tienden a ser asimétricos, acordes con la procedencia social del reo.
Los afroestadounidenses, por ejemplo, tienen pocos “privilegios” dentro de ese mundo hostil para ellos; uno de estos es la pena de muerte que se les concede como reconocimiento al sentimiento secular de impotencia por alcanzar la igualdad añorada. Este anhelo, dentro de la marginalidad y los límites que impone el entorno, origina hechos que derivan en delitos que son juzgados por tribunales y jurados racistas.
La propaganda exacerbada hasta la enajenación sobre la tendencia proclive del negro a delinquir, que coloca al resto de la sociedad en un alerta permanente, origina prejuicios hacia esa raza.
No solo el negro es “favorecido” en la condena y aplicación de la pena de muerte, tan debatida en los últimos meses del siglo y que entrará en el tercer milenio como tema de prioridad para sus abolicionistas. Las estadísticas muestran que los asiáticos (chinos y japoneses), junto con los hispanos, e incluso, indios, todos víctimas del racismo en Norteamérica, también ocupan los primeros lugares en las sentencias a muerte.
Es justo indagar y presentar aspectos actuales, vigentes de la violación de los derechos humanos que se manifiestan en los Estados Unidos contra estas minorías, que permitan socializar y generalizar esta realidad referida a la aplicación de la pena de muerte.
La humanidad, inmersa en problemas globales que la amenazan, se sensibiliza ante los errores y horrores en la aplicación de esta pena, conoce a diario las injusticias irreversibles que se cometen en el sistema judicial estadounidense, que condena a inocentes bajo la influencia de prejuicios raciales, veja y humilla a sentenciados, denigrándolos como seres humanos, los priva de sus derechos elementales y los acorrala hasta la demencia.
Esta aproximación se inicia en una breve incursión en la introducción del negro africano en Norteamérica, la génesis de la esclavitud despiadada y salvaje a la que fue sometido, sus rebeldías, la presencia de otras razas, compañeras de infortunio, que hoy comparten el “privilegio” de ser más elegidos para morir por delitos que la propia sociedad y sistema les ha impuesto.
Se da ejemplos puntuales sobre otras situaciones que violan los derechos humanos de millones de residentes en los Estados Unidos, al margen de su condición migratoria, como es la brutalidad policial; el uso de medios de inmovilización, que inflige torturas medievales a los detenidos; los vejámenes y las violaciones a recluidos en centros de inmigración; la utilización de medios peligrosos para el control de los detenidos, como son los aerosoles y electrochoques, y el tratamiento particularmente cruel contra mujeres encinta y menores en cárceles estadounidenses, así como a niños que han nacido en prisión.
Se expone síntesis de casos seleccionados, entre miles, que serán testigos implacables de lo que se denuncia y defiende. Afloran en el desarrollo testimonios acusadores inobjetables, enmudecidos por la maquinaria falaz del sistema, que trata de acallar las realidades de sus entrañas criminales y obliga, con su omnipresente poder, a asumir universalmente lo certificado por el imperio como derechos humanos.
Se utilizó cientos de documentos de fuentes diversas, incluidos los resultados de investigaciones recientes realizadas por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, y la organización Amnistía Internacional, que durante un año, entre octubre de 1998 y hasta el propio mes de 1999, dirigió una campaña universal contra las violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos. Igualmente, se ha extraído testimonios recibidos en las mesas redondas presentadas por la Televisión Cubana, durante los años 2000 y 2001, que denunciaron formas de agresión diversas a los derechos humanos, civiles y políticos en ese país.
Nada nuevo se revelará, pero al final de la lectura las convicciones serán más sólidas y preparadas para enfrentar la mentira y los retos ideológicos en la confrontación cotidiana de ideas y pensamiento. Tómese como un tributo a los inocentes muertos, a quienes sufren el purgatorio del corredor de la muerte en los Estados Unidos, y a aquellos que aspiran a una igualdad donde el fiel de la balanza de la justicia no se incline acorde con el color de la piel, el origen del hombre, su posición económica o inclinación política en la sociedad.
Los autores
5 Gregorio Selser: El documento de Santa Fe. Reagan y los derechos humanos, p. 216, Editorial Corral, México, 1988.
6 Michael Harrington: La cultura de la pobreza en los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1974.
7 Gregorio Selser: Op. cit., p. 217.
Introducción al tema
La historia de la humanidad recoge el uso de la pena de muerte por distintos pueblos y en sus diversos períodos. Generalmente, fue usada para reprimir a las clases explotadas y mantenerlas en la opresión. Era la forma más eficaz de sembrar el terror sobre los explotados.
En la Inquisición, en aquel período sombrío, fue fray Tomás de Torquemada quien actuó como Inquisidor General en España. Nueve mil personas fueron condenadas a la hoguera y más de cien mil fueron sometidas a crueles torturas. Su sucesor, fray Pedro Deza, hizo quemar a dos mil seiscientas personas y torturó a más de treinta y cinco mil. La Inquisición, fue un ejemplo de este proceder, que en aquellas épocas era visto con simpatía por muchas personas fanatizadas por las creencias religiosas, y que hoy ha sido condenado por el papa Juan Pablo II y toda la humanidad. Sirvió no solo para ajusticiar a disidentes, sino como freno al desarrollo de las ciencias.
En Cuba, los colonialistas la practicaron ampliamente. Es de todos conocido lo acontecido al cacique Hatuey, el primer rebelde, quien por serlo fue quemado vivo en la hoguera. Como este caso concurrieron hechos que en los Estados Unidos, más de quinientos años después, se vienen repitiendo: castigo extremadamente injusto en su aplicación, además de discriminatorio y excesivamente cruel e inhumano.
Este tipo de proceso fue práctica común durante toda la época colonial, tanto en Cuba como en el resto de América. La metrópoli española condenó al fusilamiento y al “garrote vil” a los cubanos que querían ser libres y eliminar la esclavitud. Son famosas las ejecuciones del negro antiesclavista José Antonio Aponte, de separatistas e independentistas como Pedro (Perucho) Figueredo, Domingo Goicuría y los poetas Juan Clemente Zenea y Gabriel de la Concepción Valdés —Plácido—, entre muchos otros. A Juan Clemente Zenea le fue ignorado el salvoconducto por el sanguinario conde de Valmaseda, documento que le fuera entregado por las autoridades españolas de la época. El poeta Gabriel de la Concepción Valdés legó para la historia su hermosa y conmovedora confesión de inocencia en su famoso poema “Plegaria a Dios”; crímenes que en nombre de la justicia se cometieron contra miles de cubanos, quienes por distintas razones fueron al cadalso sin renegar de sus ideas, como lo hicieron recientemente el negro Shaka Sankofa y mucho antes los esposos Rosenberg.
Bonifacio Byrne, el insigne poeta matancero, en sus versos dedicados a la muerte del patriota Domingo Mújica expresó:
Murió de cara al mar aquel valiente,
bañado por la luz de la alborada,
noble, serena y firme la mirada,
tranquilo el corazón, alta la frente.
Cuanta similitud de conducta hubo entre los miles de inocentes asesinados por defender precisamente la “justicia” que se utilizaba para asesinarlos, como ocurre hoy con los negros y otras minorías en los Estados Unidos.
En Cuba y en el mundo se conoce la injusticia tremenda que se cometió con los ocho estudiantes de medicina fusilados por los colonialistas españoles. La historia colocó, después, a cada participante en su lugar. Los que delinquieron no fueron los fusilados, sino los ejecutores. Sobre estos hechos y refiriéndose a las víctimas inocentes, José Martí expresó en sus versos:
Cuando se muere en brazos de la Patria agradecida,
la muerte acaba, la prisión se rompe,
empieza, al fin, con el morir, la vida.
Los mambises cubanos, en guerra por la independencia, practicaron la ejecución de traidores y criminales. En estos casos, su aplicación era justa y razonable. Eran traidores y criminales que fueron juzgados adecuadamente, y no se les sometió a actos de crueldad. Los insurrectos no tenían condiciones para retenerlos en cárceles, y representaban un peligro real para ellos y los pobladores de los territorios liberados, ya que su libertad ponía en juego las vidas de muchas personas.
A pesar de las condiciones difíciles por las que pasaban, los insurrectos cubanos fueron muy generosos, hecho que registra la historia en relación con el trato a los prisioneros y a la población civil española o partidaria de la metrópoli.
Los gobiernos de la seudorrepública en Cuba, en varios casos, practicaron la pena de muerte, basándose en ciertas leyes. El tirano Gerardo Machado, además de recurrir al asesinato extrajudicial, como el que en años posteriores aplicaría el dictador Fulgencio Batista, también la utilizó extensamente, al igual que hubo de aplicarse en los años de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis que actuaban en el país; tal fue el caso del espía alemán capturado en Cuba, a quien se culpó del hundimiento, por submarinos alemanes, de varios mercantes cubanos que transportaban mercancías para el frente, y que ocasionó decenas de muertes, gracias a las informaciones proporcionadas por la red de espías que él dirigía.
Al triunfo de la Revolución, en enero de 1959, al igual que en todas las grandes revoluciones del mundo, esta tuvo que defenderse y aplicar la pena de muerte en determinados y bien probados casos de crímenes de guerra, donde concurrieron circunstancias extraordinarias, como la excesiva violencia, torturas horrendas y crueldad contra la población civil por parte de militares de la tiranía. De esta forma se evitó que el pueblo tomara la justicia por su propia mano, como había ocurrido a la caída de la tiranía de Machado.
El Gobierno de los Estados Unidos, que tiene el siniestro privilegio de ostentar el primer lugar en la práctica de la pena de muerte, organizó una campaña desenfrenada en defensa de aquellos que fueron entrenados por ese país para mantener su dominio en Cuba, mediante crímenes monstruosos. Muchos de estos criminales, juzgados por la justicia revolucionaria, y otros como el brutal coronel Esteban Ventura Novo; el teniente Julio Laurent, de la Marina de Guerra; el teniente coronel Irenaldo García Báez; su padre, el asesino Pilar García; el jefe de los temibles paramilitares Tigres, Rolando Masferrer Rojas, y saqueadores del erario público, como Rafael Díaz-Balart y Lutgardo Martín Pérez, entre otros, que lograron escapar a los Estados Unidos, fueron entrenados en academias militares de ese país, al igual que los siniestros capitostes de la represión en El Salvador y otros países del hemisferio, y los famosos Escuadrones de la Muerte, que sembraron el terror.
Después del triunfo revolucionario, muchos de estos personajes fueron acogidos como héroes y protegidos por el Gobierno estadounidense, que les dio asilo y protección, evitando que sus fechorías fuesen juzgadas.
Durante años, asesinos como el terrorista internacional de origen cubano Orlando Bosch Ávila, quien junto con Luis Posada Carriles concibió, organizó y ordenó a sangre fría la muerte de setenta y tres personas que viajaban en un avión de la línea aérea Cubana de Aviación, que estalló en pleno vuelo sobre los cielos de Barbados en octubre de 1976, hoy se pasea libremente por las calles de Miami, como un honesto ciudadano. Para ese crimen no hay pena de muerte en los Estados Unidos. Un hecho aún más escandaloso es el del otro autor del sabotaje al avión cubano, Luis Posada Carriles, prófugo de la justicia venezolana y a quien el gobierno de Ronald Reagan diera empleo en el operativo Irán-contras, en el país donde reinó por años el terror, que asesinó a monjas norteamericanas y al arzobispo Oscar Arnulfo Romero. En 2018, Posada Carriles vive impunemente en Miami, Florida, a la sombra del sistema que lo engendró y utilizó. Fue declarado inocente en un juicio en El Paso, Texas, donde por más de siete años se reveló su largo historial criminal, se presentaron evidencias y pruebas irrefutables de sus actos de terror, pero al final solo se juzgó por faltas migratorias menores, desde entonces aboga por la violencia para alcanzar sus objetivos.
Los Estados Unidos no han considerado que el pueblo cubano tenía derecho a llevar a cabo su propio proceso de Nuremberg. El asesinato de miles de cubanos, para ese país, no es un genocidio. La pena de muerte allá es solo para los negros, otras minorías y para los blancos pobres. Para asesinos de cubanos, como Ventura y Pilar García, no hay condenas de muerte, ni leyes de extradición, ni devolución de bienes robados.
Este es el tipo de justicia de doble rasero que aplican los Estados Unidos y que no comparte la opinión pública mundial. Este estudio demostrará como los Estados Unidos implementan sus leyes de manera injusta y discriminatoria, de forma extremadamente cruel, contra menores de edad, enfermos mentales, e incluso, mujeres, sin tener en cuenta un balance justo y equilibrado de las leyes. En ese país, a la estatua que representa la justicia se le ha retirado al parecer la venda, y la balanza que lleva en sus manos se ha inclinado hacia uno de sus lados.
La Revolución Cubana se ha visto obligada, como todas las revoluciones, a aplicar la pena de muerte contra crímenes de lesa humanidad y en casos de crímenes muy graves; sin embargo, ningún, joven, niño, mujer o enfermo mental ha sido condenado a muerte, ni ejecutado. En Cuba no hay torturas, ni ejecuciones extrajudiciales, ni discriminación racial o de otra índole en la aplicación de la justicia.
La generosidad de la Revolución es proverbial, y tiene su origen en relación con el trato dado al enemigo en la Sierra Maestra. El caso del ejército mercenario que enviaron los Estados Unidos para reinstalar el régimen de explotación anterior y que fuera derrotado y hecho prisionero es otro ejemplo. Solo un pequeño grupo de asesinos múltiples sufrió la pena de muerte y no por crímenes derivados de su condición de agresores durante la invasión, sino por los cometidos durante la dictadura de Fulgencio Batista. El resto de los agresores fue liberado en breve tiempo, sin sufrir malos tratos o torturas, a pesar de la gravedad de sus delitos.
¿Haría lo mismo el Gobierno de los Estados Unidos, como lo hizo Cuba, si una fuerza extranjera invadiera su territorio, cometiera crímenes contra la población y tratara de instalar un régimen esclavista? Estamos seguros de que no, pues a pesar de ser la primera potencia del mundo, la generosidad que muestra Cuba, país pequeño, bloqueado, difamado y atacado, no la hay en los Estados Unidos, donde la aplicación de la pena de muerte es masiva y no se practica de manera justa, sino de forma selectiva, discriminatoria e inhumana, incluso, contra mujeres, negros, enfermos mentales y menores de edad.
Muchas de las causas de los delitos radican en su sistema, y el Gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún interés en eliminarlas, yendo a la raíz de los males.
Cuba desea ardientemente poder liquidar la pena de muerte. De hecho, su aplicación es mínima y solo pudiera no desaparecer mientras el enemigo ancestral de su libertad e independencia las ponga en peligro.
En Cuba la concepción de lo justo es diametralmente opuesta a la del Gobierno de los Estados Unidos. El indio Hatuey no fue culpable para merecer ser llevado a la hoguera. Lo que debe quemarse en el fuego de la justicia son la opresión y el crimen que se practicaron en esa época y se llevan a cabo en los Estados Unidos contra los negros y otras minorías en nombre de la justicia, y la política de doble rasero que aplica, convirtiéndose en juez y parte de la observancia de los derechos humanos en el mundo, condenando a los gobiernos no dóciles y absolviendo a sus aliados a pesar de que muchos de ellos, al igual que su protector, cometen crímenes atroces contra sus pueblos y otros pueblos del mundo.
Ese gobierno cree que con la aplicación de la pena de muerte en forma masiva y selectiva podrá remediar los grandes males que aquejan a su sistema. No quiere ver en la pobreza y la miseria, al igual que en la violencia que desarrolla mundialmente contra otros pueblos, el origen del delito que se comete en su propio país. El que es entrenado para matar a otros pueblos es muy difícil que no acuda a los métodos aprendidos cuando regrese a su país y se enfrente a la violencia generalizada que encuentra.
Los crímenes que cometieron soldados estadounidenses en Vietnam, Granada, Panamá, Iraq y otros países, tendrá necesariamente que pagarlos su propia sociedad. Esto se prueba en numerosos hechos criminales que muchos veteranos de esas guerras son autores en los Estados Unidos. Así sucede, con el entrenamiento de grupos y organizaciones terroristas y otros mercenarios que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha llevado a cabo para utilizarlos contra otros pueblos y naciones y hoy, convertidos en un peligroso monstruo, delinquen contra el propio pueblo estadounidense, como aconteció en los famosos escándalos de Watergate, el citado Irán-contras y el fraude electoral en el estado de La Florida; delitos sumamente graves, para los cuales la justicia estadounidense es realmente benigna o complaciente.
El valor del trabajo que se presenta a la consideración de los lectores, se basa sobre el hecho de que los casos que se expone han sido extraídos de los analizados y presentados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, organismos que responden, en última instancia, a los Estados Unidos, al Reino Unido y a otros países occidentales, ya que la política que observan y el dinero que reciben los inclina a enaltecer el sistema imperante en dichos países, a los que proclaman como modelos a seguir por todas las demás naciones, ignorando la situación de hambre y miseria, originadas por la explotación a que son sometidas, principalmente por los dos países antes mencionados.
No obstante, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional no pueden ignorar ni sustraerse al hecho de denunciar las situaciones flagrantes de violación de los derechos humanos que se producen en los Estados Unidos. De ahí el valor de este testimonio.
Muchos opinan que Amnistía Internacional fue creada por el Reino Unido con el propósito de justificar su intervencionismo en todos los países del mundo, lo que es aprovechado por los Estados Unidos para practicar esa política, atribuyéndose el derecho de certificar cada año la conducta de todos los países del orbe, con vistas a chantajearlos y extorsionarlos, como se pudo apreciar en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, efectuada en abril de 2001, en Ginebra, Suiza.
El Reino Unido tiene experiencia en este tipo de actuación, cuando comenzó su lucha contra la trata de esclavos, que practicó en favor de sus intereses económicos, utilizando pretextos “humanitarios”, que gozaron del apoyo de todos aquellos que detestaban ese sistema de explotación inhumano, pero que les permitió intervenir en los asuntos internos de sus potencias rivales, practicando el Reino Unido su política hipócrita de dominio colonial, tan criminal y aberrante como la esclavitud que decían condenar; algo muy similar a lo que hacen ese país y los Estados Unidos junto con sus cómplices en lo referente a la situación de los derechos humanos, que violan flagrantemente y proclaman defender.
La historia de la humanidad recoge el uso de la pena de muerte por distintos pueblos y en sus diversos períodos. Generalmente, fue usada para reprimir a las clases explotadas y mantenerlas en la opresión. Era la forma más eficaz de sembrar el terror sobre los explotados.
En la Inquisición, en aquel período sombrío, fue fray Tomás de Torquemada quien actuó como Inquisidor General en España. Nueve mil personas fueron condenadas a la hoguera y más de cien mil fueron sometidas a crueles torturas. Su sucesor, fray Pedro Deza, hizo quemar a dos mil seiscientas personas y torturó a más de treinta y cinco mil. La Inquisición, fue un ejemplo de este proceder, que en aquellas épocas era visto con simpatía por muchas personas fanatizadas por las creencias religiosas, y que hoy ha sido condenado por el papa Juan Pablo II y toda la humanidad. Sirvió no solo para ajusticiar a disidentes, sino como freno al desarrollo de las ciencias.
En Cuba, los colonialistas la practicaron ampliamente. Es de todos conocido lo acontecido al cacique Hatuey, el primer rebelde, quien por serlo fue quemado vivo en la hoguera. Como este caso concurrieron hechos que en los Estados Unidos, más de quinientos años después, se vienen repitiendo: castigo extremadamente injusto en su aplicación, además de discriminatorio y excesivamente cruel e inhumano.
Este tipo de proceso fue práctica común durante toda la época colonial, tanto en Cuba como en el resto de América. La metrópoli española condenó al fusilamiento y al “garrote vil” a los cubanos que querían ser libres y eliminar la esclavitud. Son famosas las ejecuciones del negro antiesclavista José Antonio Aponte, de separatistas e independentistas como Pedro (Perucho) Figueredo, Domingo Goicuría y los poetas Juan Clemente Zenea y Gabriel de la Concepción Valdés —Plácido—, entre muchos otros. A Juan Clemente Zenea le fue ignorado el salvoconducto por el sanguinario conde de Valmaseda, documento que le fuera entregado por las autoridades españolas de la época. El poeta Gabriel de la Concepción Valdés legó para la historia su hermosa y conmovedora confesión de inocencia en su famoso poema “Plegaria a Dios”; crímenes que en nombre de la justicia se cometieron contra miles de cubanos, quienes por distintas razones fueron al cadalso sin renegar de sus ideas, como lo hicieron recientemente el negro Shaka Sankofa y mucho antes los esposos Rosenberg.
Bonifacio Byrne, el insigne poeta matancero, en sus versos dedicados a la muerte del patriota Domingo Mújica expresó:
Cuanta similitud de conducta hubo entre los miles de inocentes asesinados por defender precisamente la “justicia” que se utilizaba para asesinarlos, como ocurre hoy con los negros y otras minorías en los Estados Unidos.
En Cuba y en el mundo se conoce la injusticia tremenda que se cometió con los ocho estudiantes de medicina fusilados por los colonialistas españoles. La historia colocó, después, a cada participante en su lugar. Los que delinquieron no fueron los fusilados, sino los ejecutores. Sobre estos hechos y refiriéndose a las víctimas inocentes, José Martí expresó en sus versos:
Los mambises cubanos, en guerra por la independencia, practicaron la ejecución de traidores y criminales. En estos casos, su aplicación era justa y razonable. Eran traidores y criminales que fueron juzgados adecuadamente, y no se les sometió a actos de crueldad. Los insurrectos no tenían condiciones para retenerlos en cárceles, y representaban un peligro real para ellos y los pobladores de los territorios liberados, ya que su libertad ponía en juego las vidas de muchas personas.
A pesar de las condiciones difíciles por las que pasaban, los insurrectos cubanos fueron muy generosos, hecho que registra la historia en relación con el trato a los prisioneros y a la población civil española o partidaria de la metrópoli.
Los gobiernos de la seudorrepública en Cuba, en varios casos, practicaron la pena de muerte, basándose en ciertas leyes. El tirano Gerardo Machado, además de recurrir al asesinato extrajudicial, como el que en años posteriores aplicaría el dictador Fulgencio Batista, también la utilizó extensamente, al igual que hubo de aplicarse en los años de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis que actuaban en el país; tal fue el caso del espía alemán capturado en Cuba, a quien se culpó del hundimiento, por submarinos alemanes, de varios mercantes cubanos que transportaban mercancías para el frente, y que ocasionó decenas de muertes, gracias a las informaciones proporcionadas por la red de espías que él dirigía.
Al triunfo de la Revolución, en enero de 1959, al igual que en todas las grandes revoluciones del mundo, esta tuvo que defenderse y aplicar la pena de muerte en determinados y bien probados casos de crímenes de guerra, donde concurrieron circunstancias extraordinarias, como la excesiva violencia, torturas horrendas y crueldad contra la población civil por parte de militares de la tiranía. De esta forma se evitó que el pueblo tomara la justicia por su propia mano, como había ocurrido a la caída de la tiranía de Machado.
El Gobierno de los Estados Unidos, que tiene el siniestro privilegio de ostentar el primer lugar en la práctica de la pena de muerte, organizó una campaña desenfrenada en defensa de aquellos que fueron entrenados por ese país para mantener su dominio en Cuba, mediante crímenes monstruosos. Muchos de estos criminales, juzgados por la justicia revolucionaria, y otros como el brutal coronel Esteban Ventura Novo; el teniente Julio Laurent, de la Marina de Guerra; el teniente coronel Irenaldo García Báez; su padre, el asesino Pilar García; el jefe de los temibles paramilitares Tigres, Rolando Masferrer Rojas, y saqueadores del erario público, como Rafael Díaz-Balart y Lutgardo Martín Pérez, entre otros, que lograron escapar a los Estados Unidos, fueron entrenados en academias militares de ese país, al igual que los siniestros capitostes de la represión en El Salvador y otros países del hemisferio, y los famosos Escuadrones de la Muerte, que sembraron el terror.
Después del triunfo revolucionario, muchos de estos personajes fueron acogidos como héroes y protegidos por el Gobierno estadounidense, que les dio asilo y protección, evitando que sus fechorías fuesen juzgadas.
Durante años, asesinos como el terrorista internacional de origen cubano Orlando Bosch Ávila, quien junto con Luis Posada Carriles concibió, organizó y ordenó a sangre fría la muerte de setenta y tres personas que viajaban en un avión de la línea aérea Cubana de Aviación, que estalló en pleno vuelo sobre los cielos de Barbados en octubre de 1976, hoy se pasea libremente por las calles de Miami, como un honesto ciudadano. Para ese crimen no hay pena de muerte en los Estados Unidos. Un hecho aún más escandaloso es el del otro autor del sabotaje al avión cubano, Luis Posada Carriles, prófugo de la justicia venezolana y a quien el gobierno de Ronald Reagan diera empleo en el operativo Irán-contras, en el país donde reinó por años el terror, que asesinó a monjas norteamericanas y al arzobispo Oscar Arnulfo Romero. En 2018, Posada Carriles vive impunemente en Miami, Florida, a la sombra del sistema que lo engendró y utilizó. Fue declarado inocente en un juicio en El Paso, Texas, donde por más de siete años se reveló su largo historial criminal, se presentaron evidencias y pruebas irrefutables de sus actos de terror, pero al final solo se juzgó por faltas migratorias menores, desde entonces aboga por la violencia para alcanzar sus objetivos.
Los Estados Unidos no han considerado que el pueblo cubano tenía derecho a llevar a cabo su propio proceso de Nuremberg. El asesinato de miles de cubanos, para ese país, no es un genocidio. La pena de muerte allá es solo para los negros, otras minorías y para los blancos pobres. Para asesinos de cubanos, como Ventura y Pilar García, no hay condenas de muerte, ni leyes de extradición, ni devolución de bienes robados.
Este es el tipo de justicia de doble rasero que aplican los Estados Unidos y que no comparte la opinión pública mundial. Este estudio demostrará como los Estados Unidos implementan sus leyes de manera injusta y discriminatoria, de forma extremadamente cruel, contra menores de edad, enfermos mentales, e incluso, mujeres, sin tener en cuenta un balance justo y equilibrado de las leyes. En ese país, a la estatua que representa la justicia se le ha retirado al parecer la venda, y la balanza que lleva en sus manos se ha inclinado hacia uno de sus lados.
La Revolución Cubana se ha visto obligada, como todas las revoluciones, a aplicar la pena de muerte contra crímenes de lesa humanidad y en casos de crímenes muy graves; sin embargo, ningún, joven, niño, mujer o enfermo mental ha sido condenado a muerte, ni ejecutado. En Cuba no hay torturas, ni ejecuciones extrajudiciales, ni discriminación racial o de otra índole en la aplicación de la justicia.
La generosidad de la Revolución es proverbial, y tiene su origen en relación con el trato dado al enemigo en la Sierra Maestra. El caso del ejército mercenario que enviaron los Estados Unidos para reinstalar el régimen de explotación anterior y que fuera derrotado y hecho prisionero es otro ejemplo. Solo un pequeño grupo de asesinos múltiples sufrió la pena de muerte y no por crímenes derivados de su condición de agresores durante la invasión, sino por los cometidos durante la dictadura de Fulgencio Batista. El resto de los agresores fue liberado en breve tiempo, sin sufrir malos tratos o torturas, a pesar de la gravedad de sus delitos.
¿Haría lo mismo el Gobierno de los Estados Unidos, como lo hizo Cuba, si una fuerza extranjera invadiera su territorio, cometiera crímenes contra la población y tratara de instalar un régimen esclavista? Estamos seguros de que no, pues a pesar de ser la primera potencia del mundo, la generosidad que muestra Cuba, país pequeño, bloqueado, difamado y atacado, no la hay en los Estados Unidos, donde la aplicación de la pena de muerte es masiva y no se practica de manera justa, sino de forma selectiva, discriminatoria e inhumana, incluso, contra mujeres, negros, enfermos mentales y menores de edad.
Muchas de las causas de los delitos radican en su sistema, y el Gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún interés en eliminarlas, yendo a la raíz de los males.
Cuba desea ardientemente poder liquidar la pena de muerte. De hecho, su aplicación es mínima y solo pudiera no desaparecer mientras el enemigo ancestral de su libertad e independencia las ponga en peligro.
En Cuba la concepción de lo justo es diametralmente opuesta a la del Gobierno de los Estados Unidos. El indio Hatuey no fue culpable para merecer ser llevado a la hoguera. Lo que debe quemarse en el fuego de la justicia son la opresión y el crimen que se practicaron en esa época y se llevan a cabo en los Estados Unidos contra los negros y otras minorías en nombre de la justicia, y la política de doble rasero que aplica, convirtiéndose en juez y parte de la observancia de los derechos humanos en el mundo, condenando a los gobiernos no dóciles y absolviendo a sus aliados a pesar de que muchos de ellos, al igual que su protector, cometen crímenes atroces contra sus pueblos y otros pueblos del mundo.
Ese gobierno cree que con la aplicación de la pena de muerte en forma masiva y selectiva podrá remediar los grandes males que aquejan a su sistema. No quiere ver en la pobreza y la miseria, al igual que en la violencia que desarrolla mundialmente contra otros pueblos, el origen del delito que se comete en su propio país. El que es entrenado para matar a otros pueblos es muy difícil que no acuda a los métodos aprendidos cuando regrese a su país y se enfrente a la violencia generalizada que encuentra.
Los crímenes que cometieron soldados estadounidenses en Vietnam, Granada, Panamá, Iraq y otros países, tendrá necesariamente que pagarlos su propia sociedad. Esto se prueba en numerosos hechos criminales que muchos veteranos de esas guerras son autores en los Estados Unidos. Así sucede, con el entrenamiento de grupos y organizaciones terroristas y otros mercenarios que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha llevado a cabo para utilizarlos contra otros pueblos y naciones y hoy, convertidos en un peligroso monstruo, delinquen contra el propio pueblo estadounidense, como aconteció en los famosos escándalos de Watergate, el citado Irán-contras y el fraude electoral en el estado de La Florida; delitos sumamente graves, para los cuales la justicia estadounidense es realmente benigna o complaciente.
El valor del trabajo que se presenta a la consideración de los lectores, se basa sobre el hecho de que los casos que se expone han sido extraídos de los analizados y presentados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, organismos que responden, en última instancia, a los Estados Unidos, al Reino Unido y a otros países occidentales, ya que la política que observan y el dinero que reciben los inclina a enaltecer el sistema imperante en dichos países, a los que proclaman como modelos a seguir por todas las demás naciones, ignorando la situación de hambre y miseria, originadas por la explotación a que son sometidas, principalmente por los dos países antes mencionados.
No obstante, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional no pueden ignorar ni sustraerse al hecho de denunciar las situaciones flagrantes de violación de los derechos humanos que se producen en los Estados Unidos. De ahí el valor de este testimonio.
Muchos opinan que Amnistía Internacional fue creada por el Reino Unido con el propósito de justificar su intervencionismo en todos los países del mundo, lo que es aprovechado por los Estados Unidos para practicar esa política, atribuyéndose el derecho de certificar cada año la conducta de todos los países del orbe, con vistas a chantajearlos y extorsionarlos, como se pudo apreciar en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, efectuada en abril de 2001, en Ginebra, Suiza.
El Reino Unido tiene experiencia en este tipo de actuación, cuando comenzó su lucha contra la trata de esclavos, que practicó en favor de sus intereses económicos, utilizando pretextos “humanitarios”, que gozaron del apoyo de todos aquellos que detestaban ese sistema de explotación inhumano, pero que les permitió intervenir en los asuntos internos de sus potencias rivales, practicando el Reino Unido su política hipócrita de dominio colonial, tan criminal y aberrante como la esclavitud que decían condenar; algo muy similar a lo que hacen ese país y los Estados Unidos junto con sus cómplices en lo referente a la situación de los derechos humanos, que violan flagrantemente y proclaman defender.
Capítulo I
La pena de muerte