Farid Kahhat es doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin y licenciado en Sociología por la PUCP. Es profesor de Relaciones Internacionales en dicha universidad y en la Academia Diplomática del Perú. Ha sido profesor de la misma asignatura en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y miembro de la Comisión Consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre delimitación marítima con Chile. Es columnista en temas internacionales en el diario El Comercio, en el cual tiene además una videocolumna, y en la página web de la revista América Economía. Ha sido comentarista sobre temas internacionales en la cadena CNN en español, columnista del diario Reforma de México y conductor del programa televisivo TV Perú Mundo en el canal público TV Perú.

¿Qué es la seguridad?

En su acepción más simple, la seguridad es la ausencia de amenazas. Es una acepción acertada pero insuficiente, puesto que no establece qué (o quién) es objeto de una amenaza; qué (o quién) representa una amenaza y cómo o a través de qué medios se debería enfrentar una amenaza. La forma en que los estudios de seguridad definieron tradicionalmente esos asuntos deriva de la máxima atribuida a Sun Tzu, un general chino del siglo VI a.C., según la cual «el arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es una cuestión de vida o muerte, un camino que lleva a la seguridad o a la ruina».

Es decir, el objeto de referencia —como se denomina en los estudios de seguridad al actor objeto de una amenaza— es el Estado. Y la mayor amenaza que este puede enfrentar, dado que pone en riesgo su propia existencia, es la guerra. A su vez, la amenaza de una guerra que conduzca a la desaparición de un Estado suele provenir de las fuerzas armadas de otros Estados, por lo que neutralizar ese tipo de amenazas puede requerir el empleo de todos los medios a disposición de un Estado y, en particular, el empleo de la fuerza.

Tras la Segunda Guerra Mundial, esa perspectiva de la seguridad fue tomada por la teoría realista, y podría resumirse de la siguiente manera:

Cuadro 1. Concepción realista de la seguridad
Objeto de referencia	Estado
Fines	Existencia Control territorial Autonomía política
Amenazas	Militares Externas Estados
Medios	Militares

Ahora bien, la capacidad de persuasión de una teoría depende en parte de qué tan plausible parezca su explicación de la política internacional en un momento dado en el tiempo. Por ejemplo, una teoría como el realismo, centrada en el balance de poder y los conflictos de interés entre Estados, parecía particularmente apta para explicar el periodo histórico conocido como la Guerra Fría. Es decir, un periodo caracterizado por los antagonismos propios de un orden político bipolar en el que, por añadidura, las dos grandes potencias del sistema internacional eran rivales ideológicos que poseían armas nucleares.

Imaginemos ahora que usted viaja en el tiempo hasta enero de 1989 y alguien hubiera hecho la siguiente predicción en una reunión en la cual se encontraban reunidos los académicos más renombrados en seguridad internacional: «En noviembre de este año caerá el muro de Berlín; a su vez, la caída del muro dará inicio a un proceso que, en poco más de un año, conducirá a la reunificación de Alemania, la disolución de Pacto de Varsovia, la desaparición del comunismo en Europa y la disolución de la propia Unión Soviética». Lo más probable es que esas personalidades se hubiesen negado a dignificar esa retahíla de dislates con una respuesta, y, sin embargo, como sabemos, todo ello ocurrió sin que la mayoría de los académicos pudieran preverlo.

Así como los antagonismos propios de un orden político bipolar y el temor a una guerra nuclear contribuyen a explicar la primacía del pensamiento realista tras la Segunda Guerra Mundial, los problemas del realismo para prever el fin de la Guerra Fría y la forma en que esto ocurrió abrieron un espacio para el surgimiento de perspectivas alternativas al realismo en los estudios de seguridad. Las tesis fundamentales de esas perspectivas pueden resumirse, en contraposición a las tesis realistas recién esbozadas, de la siguiente manera: también debería ser uno de los fines de las políticas de seguridad el garantizar la calidad de vida dentro del Estado, y no su mera supervivencia política. Las amenazas de seguridad no son necesariamente de carácter externo y, cuando lo son, no provienen necesariamente de otro Estado. Tampoco se trata necesariamente de amenazas militares. Por ello, los medios militares no siempre son los más eficaces para enfrentarlas1.

Veamos ejemplos de cada caso. Cuando planteamos que el objeto de referencia de las políticas de seguridad debe ser el Estado, solemos partir del supuesto de que existiría una suerte de contrato social entre el Estado y la sociedad que habita dentro de sus fronteras: la sociedad concede al Estado el monopolio del uso legítimo de la violencia, incluso para extraer de ella recursos por medios coercitivos, y, a cambio, el Estado garantiza a la sociedad la provisión de ciertos bienes públicos como la protección de los derechos y la seguridad de sus integrantes.

El problema con esto es que existen infinidad de ejemplos de Estados que no solo no garantizan los derechos y la seguridad de sus ciudadanos, sino incluso los amenazan o vulneran en forma deliberada, como sucedió por ejemplo con la minoría albanesa de Kósovo, que en los años noventa fue víctima de una campaña de limpieza étnica liderada por el Estado serbio, del cual eran formalmente ciudadanos. Por eso el concepto de «seguridad humana», acuñado por el PNUD en 1994, sostiene que «para la mayoría de la gente, los sentimientos de inseguridad derivan más de preocupaciones sobre la vida cotidiana que del temor a un evento mundial cataclísmico» (1994, p. 22). Una seguridad que implicara sacrificios virtualmente ilimitados en las condiciones de vida de los ciudadanos con el propósito —presunto o real— de garantizar la existencia de un Estado no sería lícita.

Por lo dicho, parecería que en la perspectiva de la seguridad humana las personas compiten con el Estado en el propósito de ser consideradas objeto de referencia de las políticas de seguridad. Quienes proponen esa perspectiva, sin embargo, replicarían que el garantizar estándares mínimos en cuanto a condiciones de vida también contribuye a garantizar la seguridad del Estado. No solo porque los ciudadanos tendrían menos motivos para recelar del Estado, sino además porque condiciones infrahumanas de vida también pueden constituir una amenaza para la existencia de este. Siguiendo a Baldwin, «Un Estado sin fuerzas armadas para protegerlo de un ataque externo tal vez no sobreviva, pero podemos tener la certeza de que un Estado carente de aire respirable y agua potable no sobrevivirá» (1995, pp. 127-128).

Además de añadir nuevos objetos de referencia y fuentes de amenaza que no son de carácter militar, como las preocupaciones ambientales, las perspectivas críticas del realismo enfatizarían fuentes no convencionales de amenazas violentas a la seguridad del Estado. Por ejemplo, el ataque más letal contra el territorio continental de Estados Unidos no fue realizado por las fuerzas armadas de otro Estado sino por una red terrorista transnacional como Al Qaeda el 11 de setiembre de 20012. En ese caso podría afirmarse que, si bien la amenaza no provino de un Estado, sí se trataba de una amenaza militar que debía enfrentarse con medios militares. Sin embargo, esa no es una posición de consenso entre las principales potencias del sistema internacional. Mientras en los Estados Unidos esa era una posición común, incluso antes de los atentados terroristas de setiembre de 20013, en Europa es más común una postura según la cual los medios más eficaces para enfrentar el terrorismo se encuentran en el ámbito de la política y la interdicción e inteligencia policial antes que en el ámbito militar, como sucedió en el caso del conflicto de Irlanda del Norte.

El siguiente cuadro ofrece un resumen y un contraste entre las perspectivas de seguridad críticas del realismo y la perspectiva realista:

Cuadro 2. Comparación de las diversas concepciones de la seguridad
	Realista	Concepciones alternativas
Objeto de referencia	Estado	Ciudadanos Estado Región (por ejemplo, OTAN) Sistema internacional
Fines	Existencia Control territorial Autonomía política	Mínimo de calidad de vida
Amenazas	Militares Externas Estados	No necesariamente militar No necesariamente externa No necesariamente Estados
Medios	Militares	Medios dependen del tipo de amenaza Fuerza no siempre es costo eficiente

Como vemos en el cuadro, (1) existen objetos de referencia de la seguridad debajo del nivel estatal (los ciudadanos), y supranacionales (las organizaciones de seguridad colectiva regional, como la OTAN; o mundial, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas); además, (2) a los fines de la seguridad que identifica el realismo habría que añadir condiciones mínimas de calidad de vida. De otro lado (3), las amenazas a la seguridad no son necesariamente de carácter militar ni provienen necesariamente de otros Estados o incluso del exterior del propio Estado; y, finalmente (4), los medios militares no siempre son los más adecuados para lidiar con las amenazas de seguridad. Por ejemplo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad uno de los propósitos de la guerra fue el de apropiarse de territorios. Aunque ello pudiera tener propósitos de seguridad, como poner distancia entre un territorio y el de Estados rivales, solía además servir para fines económicos, como apropiarse de tierras de cultivo, recursos naturales y mano de obra. En una economía moderna en la que la innovación tecnológica y los servicios no solo constituyen una proporción creciente del valor creado por la actividad económica, sino que además contribuyen a reducir la cantidad de materia prima necesaria por unidad de producto, los fines económicos descritos tienden a perder relevancia.

Ahora bien, ampliar de ese modo el objeto de estudio de la seguridad internacional no está exento de problemas. El más evidente es que la seguridad parece perder el lugar distintivo que ocupaba en el marco de las políticas públicas. Existe un cierto consenso, sin embargo, sobre dos condiciones que debería cumplir un problema para poder calificar como un asunto de seguridad. La primera es que el problema provenga de la actividad calculada de algún agente y no del entorno natural. En ese sentido un terremoto no podría calificar como un problema de seguridad, pero, dependiendo de las circunstancias, el cambio climático o las migraciones internacionales sí podrían hacerlo.

Esa, empero, es una condición necesaria, pero no suficiente: se requiere además que existan razones demostrables para creer que el problema en cuestión incrementa la probabilidad del uso de la violencia política como medio para confrontarlo. Existen, por ejemplo, quienes tienden a creer que la diversidad étnica de una población hace a un Estado más proclive a padecer una guerra civil. Si ello fuera cierto, la diversidad étnica podría ser un tema legítimo en la agenda de los estudios sobre seguridad. Sin embargo, hay suficiente evidencia para sostener que se trata de una creencia equivocada. A principios del milenio, un estudio que revisó los datos empíricos concluyó exactamente lo contrario: «Una diversidad étnica y religiosa importante reduce de manera significativa el riesgo de guerra civil» (Collier, Elliott, Hoeffler y otros, 2003, p. 47)4.

1. «Securitización»

Comenzamos la sección anterior diciendo que, en su acepción más simple, la seguridad es la ausencia de amenazas. Ello implica que la seguridad no es un fin en sí mismo sino un medio a través del cual podemos librar de amenazas todo aquello que el Estado y sus ciudadanos consideran fines en sí, como sería el caso de, por ejemplo, conseguir bienestar material. La paradoja radica en que cuando los que consideramos fines en sí mismos se ven amenazados, conseguir seguridad se vuelve más importante que conseguir esos fines, pues sin seguridad el bienestar material nos puede ser arrebatado con facilidad. En términos de Kenneth Waltz: «Bajo condiciones de anarquía la seguridad es el fin más importante. Solo cuando su supervivencia ha sido garantizada puede el Estado perseguir con tranquilidad otros objetivos» (1979, p. 126).

Ahora bien, vivimos en un mundo no solo anárquico, sino donde múltiples Estados poseen armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. Bajo esas circunstancias, la única forma de garantizar la supervivencia del propio Estado sería privando de esos arsenales a todos los Estados que los poseen. Y como más de siete décadas de experiencia sugieren que no existe forma de desarmarlos a todos, la seguridad debería ser siempre el fin más importante. Desde esa perspectiva sería posible concluir que «enfrentado a las demandas superiores de la seguridad nacional, la seguridad, los derechos e incluso las vidas de los individuos no solo pueden sino que deben ser sacrificados» (Donnelly, 1996, p. 387).

Aunque pueden tener asidero en hechos reales, las perspectivas alternativas al realismo en los estudios de seguridad también responden a una motivación política: refutar esa concepción de la seguridad y sus implicaciones. Todas esas perspectivas parten de la constatación de que, si algo es calificado como un problema de seguridad, ello suele implicar tanto su primacía en la agenda de políticas públicas como su acceso a medios costosos y excepcionales para resolverlo, como el empleo de la fuerza. Sin embargo, no todas las concepciones alternativas lidian con esa constatación de la misma manera. Algunas de estas perspectivas han sido acusadas de redefinir como problemas de seguridad temas como la pobreza y el deterioro ambiental, con el propósito de que estos puedan competir con los problemas de seguridad tradicionales por lograr primacía en la agenda y en el acceso a recursos. Esto implicaría que tales cuestiones no serían temas legítimos de la agenda de seguridad por derecho propio.

Otras perspectivas alternativas al realismo parten de cuestionar la noción misma de que pueda establecerse a priori y en forma inequívoca que algunos temas son problemas de seguridad y otros no. La Escuela de Copenhague acuña el término «securitización» para calificar el proceso político mediante el cual un tema se incorpora en la agenda de seguridad y tiende, por ello, a adquirir un acceso privilegiado a la agenda pública y a los recursos en poder del Estado (Buzan y otros, 1998, pp. 23-25).

Si decimos que la definición de lo que constituye un problema de seguridad es el producto de un proceso político, estamos implicando que aquello que califica como problema de seguridad puede cambiar en el tiempo y el espacio. Es decir, estamos cuestionando la concepción según la cual algunos temas siempre deberían ser considerados problemas de seguridad y otros no. Ese cuestionamiento puede extenderse incluso a temas cuya pertenencia a la agenda de seguridad parecería tener dudas, como garantizar la supervivencia del Estado o su integridad territorial. Veremos ejemplos de ello al discutir el concepto de interés nacional.

No es difícil encontrar casos que demuestran el carácter contingente de nuestra comprensión sobre qué constituye un problema de seguridad. Cuando unos años atrás el gobierno argentino entró en default (es decir, dejó de pagar los vencimientos de la deuda pública externa), algunos de sus acreedores privados renegociaron los términos de pago mientras otros presentaron demandas contra el Estado argentino ante cortes de justicia. Esos procedimientos, que hoy nos parecen naturales para lidiar con un default, no fueron los que se siguieron un siglo antes cuando ante un default del gobierno venezolano algunos Estados que eran sus acreedores o eran sede de las empresas acreedoras declararon un bloqueo naval como medio de presión para garantizar el pago de esas acreencias. Es decir, el empleo de la fuerza era considerado un medio legítimo para resolver conflictos de interés económico. En tiempos más recientes todavía tenemos casos en los que, ante conflictos de interés entre empresas privadas y los Estados en cuyo territorio operan, el Estado en el que se ubica la matriz de esas empresas intercede en su favor. Por ejemplo, en 1973 el Convenio De La Flor-Greene, cuyo propósito era establecer los montos de la indemnización que el gobierno peruano debía pagar a empresas de matriz estadounidense que había expropiado, fue producto de una negociación entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos.

En cambio, lo usual en el mundo de hoy es que en controversias económicas entre Estados o entre estos y empresas privadas, sean instituciones internacionales las que resuelven, según reglas aceptadas por las partes. Por ejemplo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución diseñada dentro del Grupo del Banco Mundial para arbitrar conflictos de interés sobre inversiones entre un Estado y los nacionales de otros Estados, sean estos ciudadanos o empresas. A su vez, el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio tiene la prerrogativa de establecer grupos especiales de solución de diferencias entre los Estados que integran esa organización y que, por ende, se someten a las reglas que adoptaron de común acuerdo. En resumen, «A medida que ciertos tipos de interacción estatal han sido reorganizados bajo “regímenes” internacionales, el ámbito de la seguridad ha sido redefinido de modo correspondiente» (Jepperson y otros, 1996, p. 72).

Como veremos en la sección sobre constructivismo, en otras ocasiones es la creación de significados compartidos a escala internacional lo que conduce a redefinir el ámbito de la seguridad. Por ejemplo, la educación fue concebida en el pasado como una de las preocupaciones centrales de los Estados en materia de seguridad, pues esta estaba relacionada con la movilización militar. Sin embargo, «con el paso del tiempo, la teoría y práctica de la educación masiva se orientaron hacia el desarrollo económico y hacia temas de la agenda social interna. La discusión en materia de educación en la escena internacional es hoy en día sobre “capital humano”, no sobre poderío militar» (Jepperson y otros, 1996, p. 73).

Dependemos a tal punto de instituciones y normas internacionales para resolver controversias económicas que cuando en 2018 la administración Trump alegó razones de seguridad nacional para justificar decisiones económicas, diversos analistas las interpretaron como un intento por ocultar su verdadera motivación: el proteccionismo comercial (Brinkley, 2018)5. La paradoja es que, como dijimos, eso que hoy suele parecernos contraproducente e inaudito era la norma en un pasado no tan lejano, como demuestra la legislación que invocó la administración Trump para justificar esas decisiones.

La orden presidencial que autorizó la imposición de sobretasas arancelarias a las importaciones de acero y aluminio invocaba la sección 232 del Acta de Expansión del Comercio de 1962. Esa sección autoriza al Secretario de Comercio «a conducir investigaciones comprehensivas para determinar los efectos de la importación de cualquier artículo sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos» (US Department of Commerce, 2017). La norma define luego los temas que debe considerar el Secretario de Comercio al evaluar esos efectos:

• «La producción nacional necesaria para los requerimientos proyectados de la defensa nacional;
• La capacidad de la industria nacional de cumplir con esos requerimientos;
• Los recursos humanos y materiales relacionados;
• La importación de bienes en términos de su cantidad y uso;
• La relación estrecha del bienestar económico nacional con la seguridad nacional de los Estados Unidos;
• La pérdida de capacidades o inversión, desempleo substancial y caída de ingresos fiscales; y
• El impacto de la competencia exterior en industrias nacionales específicas y el impacto al desplazar productos nacionales de cualquier tipo por el exceso de importaciones» (US Department of Commerce, 2017).

Podemos hacer, cuando menos, dos observaciones sobre la pertinencia de esos temas si lo que buscamos es medir los efectos de la importación de bienes sobre la seguridad nacional. La primera es que los estándares de medición no están definidos con precisión (por ejemplo, ¿qué constituye un «exceso de importaciones»?). Prueba de ello es que el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos mostró discrepancias con la evaluación del Departamento de Comercio, cuando filtró un memorándum sin fecha que decía:

Los requerimientos militares tanto de acero como de aluminio representan alrededor de un 3 por ciento de la producción de los Estados Unidos. Por ende, el Departamento de Defensa no cree que los hallazgos en los reportes impacten la capacidad de los programas de este departamento para adquirir el acero y el aluminio necesarios para alcanzar los requerimientos de la defensa nacional (Brinkley, 2018).

La segunda atingencia sobre la pertinencia de los temas que enumera la norma para medir los efectos de las importaciones sobre la seguridad es que tres de los siete temas son en lo esencial de naturaleza económica. Si bien cabe dentro de lo razonable afirmar que existe una relación estrecha entre el bienestar económico de un Estado y su seguridad, también es cierto que, de no establecerse algún grado de separación entre ambos, cualquier medida proteccionista podría ser racionalizada como un intento de proteger la seguridad nacional.

Precisamente por atingencias como esas es que, pese a estar vigente desde hace más de medio siglo, solo se iniciaron veintiséis investigaciones al amparo de la sección 232 del Acta de Expansión del Comercio, y solo en dos ocasiones esas investigaciones concluyeron en la adopción de acciones comerciales: los embargos petroleros contra Irán en 1979 y contra Libia en 1982. De hecho, la última investigación realizada al amparo de la Sección 232 se llevó a cabo en 2001, es decir, unos dieciséis años antes de la investigación iniciada bajo la administración Trump. Por último, el criterio habitual para justificar decisiones económicas por razones de seguridad al amparo de la sección 232 era evitar la excesiva dependencia de importaciones procedentes de Estados a los que se consideraba rivales. Aunque ese criterio podría aplicarse en forma plausible a las importaciones de aluminio, las tres principales fuentes de las importaciones estadounidenses de acero son Canadá, Brasil y Corea del Sur, es decir, países que comparten diversos mecanismos de cooperación en seguridad con los Estados Unidos.

En 2018, la administración Trump produjo otro ejemplo de adopción de decisiones económicas alegando razones de seguridad nacional. En una orden presidencial, Trump sostenía la existencia de «evidencia convincente que me conduce a creer que Broadcom Limited […] a través del control que ejercería sobre ella Qualcomm Incorporated […], podría tomar acciones que amenazarían con perjudicar la seguridad nacional de los Estados Unidos» (Public Pool, 2018). Por ello, la orden prohibía la adquisición de la primera de esas empresas por parte de la segunda. Según reportes de prensa, la administración Trump creía que permitir esa adquisición pondría en riesgo la primacía tecnológica de su país en la industria de semiconductores y concedería a China una posible ventaja competitiva. Esto, pese a que la compañía que intentaba adquirir Qualcomm tiene su matriz en Singapur (Rappeport & Kang, 2018).

La orden presidencial citaba como base legal de la decisión los «factores descritos en la subsección 721(f) del Acta sobre la Producción para la Defensa de 1950» (Public Pool, 2018). Estos factores, que «tomaban en cuenta requerimientos de seguridad nacional», se definieron de modo tan ambiguo que terminaban concediendo al Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad, pues consideraban necesarias para la protección nacional decisiones que eran en realidad económicas. El Acta de 1950 establecía que el presidente debía tomar en cuenta, con fines de seguridad nacional, los siguientes factores6:

1. Las necesidades de producción doméstica para los requerimientos proyectados para la seguridad nacional;
2. La capacidad de las industrias nacionales de alcanzar tales requerimientos de seguridad, incluida la disponibilidad de recursos humanos, productos, tecnología, insumos y otros bienes y servicios;
3. El control de las industrias nacionales y la actividad económica de ciudadanos extranjeros en la medida en que pudieran afectar la capacidad de los Estados Unidos para alcanzar los requerimientos de seguridad nacional;
4. Los efectos potenciales de las transacciones propuestas o pendientes referidas a venta de equipos, bienes o tecnología militar a cualquier país i) que el Ministerio de Relaciones Exteriores considere que apoya el terrorismo o esté relacionado con la proliferación de misiles o la proliferación de armas químicas y biológicas; ii) sea identificado por el Ministerio de Defensa como una fuerza militar regional que pueda amenazar, potencialmente, los intereses norteamericanos; o iii) esté listado como en la sección 309c del Acta de No Proliferación Nuclear de 1978 o cualquier lista derivada de esta;
5. Los efectos potenciales de las transacciones propuestas o pendientes sobre el liderazgo tecnológico internacional de los Estados Unidos en áreas que afecten la seguridad nacional;
6. Los efectos potenciales relacionados con la seguridad nacional de la infraestructura crítica norteamericana, incluidas plantas de energía;
7. Los efectos potenciales relacionados con la seguridad nacional de las tecnologías críticas norteamericanas;
8. Si la transacción es controlada por un gobierno extranjero;
9. La evaluación de la adhesión a tratados multilaterales de control de no proliferación del país con el que se hacen transacciones y la revisión de la relación de ese país con los Estados Unidos respecto a cooperación antiterrorista, así como su potencial para transferir o diferir tecnologías con aplicaciones militares, incluyendo el análisis de las leyes y regulaciones que controlan sus exportaciones;
10. Las proyecciones de largo plazo de los requerimientos de fuentes de energía y otros recursos e insumos críticos para los Estados Unidos; y en materia de inversión extranjera, por ejemplo,
11. Cualquier otro factor que el presidente de la Comisión considere adecuado, conectado a una investigación o análisis determinado.

Esos ejemplos sirven como corolario a esta sección: así como hoy los principales socios comerciales de Estados Unidos negarían que esas decisiones económicas sean necesarias por razones de seguridad, muchos de ellos recurrieron en el pasado a decisiones similares alegando las mismas razones. En materia de inversión extranjera, por ejemplo, la Unión Europea está considerando establecer restricciones por razones de seguridad nacional y algunos de sus Estados miembros ya las adoptaron por cuenta propia. En 2018, por ejemplo, el Ministerio de Economía alemán alegó razones de seguridad para, por primera vez, prohibir la adquisición de una empresa de matriz alemana (Leifeld Metal), por una empresa china.

Impedir que, como en el caso de Huawei, tecnologías consideradas críticas para la economía y la defensa de los Estados Unidos y Europa sean adquiridas por empresas de capital chino es solo una de las razones que motivan la adopción de ese tipo de restricciones. Otra razón que se esgrime para ello es que el gobierno chino establece restricciones comparables a la inversión extranjera en su país, o le exige como condición acuerdos de transferencia tecnológica. Existen cuando menos otras dos razones para explicar la adopción de restricciones a la inversión de empresas chinas. La primera es que esas empresas, aun cuando son privadas, suelen tener una relación simbiótica con el Estado. Por ejemplo, en ocasiones colocan en cargos directivos a dirigentes del partido oficial pudiendo obtener a cambio un trato preferencial (como el acceso en condiciones favorables al financiamiento de la banca pública). La segunda razón es que, según un estudio de la Corporación Rand, habría casos en los que inversionistas chinos adquieren empresas no solo para acceder a nuevas tecnologías, sino además para privar del acceso a ellas al Estado estadounidense (dado que su Departamento de Defensa evita depender de empresas con inversionistas extranjeros).

Todo ello sin mencionar el papel geopolítico que, en ocasiones, desempeñan las empresas chinas. Contraviniendo las sanciones estadounidenses, por ejemplo, la estatal CNPC reemplazaría a la francesa Total en los proyectos gasíferos que esta abandonará en Irán.

2. Tema de análisis: tendencias de la violencia política a escala mundial

El número de guerras —tanto civiles como interestatales— en el mundo cayó en 88% entre 1998 y 20107. A su vez, los conflictos armados que no califican como guerras cayeron 40% entre 1990 y 2005, y aunque crecieron 25% entre 2003 y 2008, volvieron a disminuir a partir del año 20098. Las guerras interestatales cayeron 80% entre 1990 y principios de este siglo y no se produjo ninguna entre 2004 y 2010, un periodo inusualmente prolongado9. Más aún, no se ha producido ninguna guerra entre grandes potencias militares desde 1945, es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del mayor lapso sin conflictos bélicos entre grandes potencias militares desde la denominada Paz de Westfalia —que dio origen al sistema internacional contemporáneo—, a mediados del siglo XVII.

No solo hemos tenido menos guerras y conflictos armados en el mundo tras el fin de la Guerra Fría, sino que además estos han producido menos muertes relacionadas con los combates. Por ejemplo, en la primera década del siglo XXI, el conflicto internacional promedio produjo 90% menos bajas relacionadas con los combates que el conflicto internacional promedio en la década de 195010.

El número de guerras civiles disminuyó 75% entre 1992 y 2013, pero este último año marcó un punto de inflexión. Una estimación indica que el número de conflictos armados y el número de muertes relacionadas con los combates crecieron a escala mundial desde 2013. Sin embargo, habría que colocar esa información en perspectiva. En primer lugar, el número de conflictos armados y de víctimas mortales producto de esos conflictos es bastante menor que las cifras observadas durante la Guerra Fría. En segundo lugar, según la misma estimación, desde 2012 la mitad de las bajas mortales producidas por las guerras en el mundo tuvieron lugar en un solo país: Siria (PRIO, 2016, p. 2). Por eso, a medida que las muertes relacionadas con los combates en Siria comenzaron a disminuir, también disminuyó la cifra mundial: según estimaciones posteriores de la misma fuente, aunque 2016 fue el quinto año más violento desde el fin de la Guerra Fría, ese año se produjo una disminución tanto en el número de muertes relacionadas con los combates como en el número de conflictos armados respecto a 2015 (PRIO, 2017, p. 1). El estudio advierte, sin embargo, una tendencia a la internacionalización de los conflictos armados que explicaría el elevado número de bajas durante la guerra en Siria. Durante diferentes pasajes de esa guerra, por ejemplo, se desplegaron en el territorio de ese país tropas rusas, turcas, iraníes y de la coalición liderada por los Estados Unidos, además de grupos irregulares armados procedentes en lo esencial del exterior, como Hezbolá o Dáesh.