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Migración y Derechos Humanos:

el caso colombiano, 2014-2018

Migración y Derechos Humanos: el caso colombiano, 2014-2018

Reseña

A partir de la experiencia colombiana (2014-2018), este libro presenta los principales retos existentes en los países receptores de población migrante al construir políticas públicas, institucionalidad de respuesta y regulaciones internas cuyas exigencias internas e internacionales implican la aplicación de un enfoque de derechos humanos. Se trata de una propuesta de investigación que surge al interior de la Red Sociojurídica en el año 2017 y que compromete a veintiún universidades colombianas y cuarenta y cinco investigadores bajo el liderazgo de la Universidad del Rosario, en la construcción de un diagnóstico que da cuenta desde la mirada nacional y desde las regiones, de lo que ha sucedido en respuesta a los derechos a la salud, educación, trabajo y acceso a la justicia de los migrantes en los últimos cuatro años en Colombia. La obra inicia con una reflexión sobre el rol de las instituciones nacionales frente a la migración venezolana, se estudia luego la situación en las zonas de frontera del país, se examina además la respuesta en la zona centro, en la región de Antioquia y el Eje Cafetero. El capítulo de cierre desarrolla uno de los problemas más graves resultado del diagnóstico: el tema de la apatridia de miles de niños y niñas, hijos de mujeres venezolanas en condición migratoria irregular, nacidos en todas las regiones del país en este período.

Palabras clave: Migración, Derechos Humanos, política migratoria, política pública diagnóstico regional, Colombia.

Migration and Human Rights: The Colombian Case, 2014-2018

Abstract

Based on the Colombian experience (2014-2018), this book presents the main challenges faced by recipient countries of migrant populations when building public policies, response institutions, and internal regulations with internal and international demands that imply the application of a human rights approach. This research was proposed within the frame of the Socio-Legal Network in 2017 and involves twenty-one Colombian universities, as well as forty-five researchers under the leadership of the Universidad del Rosario, aiming to elaborate a diagnosis that, from a national and regional perspective, gives account of what has happened in response to the rights of migrants to health, education, work, and access to justice in the last four years in Colombia. The work starts with a reflection on the role of national institutions regarding Venezuelan migration, followed by an analysis of the situation in the country’s border areas as well as response in the central zone, the Antioquia region, and the coffee-growing region (Eje Cafetero). The closing chapter examines one of the most serious problems resulting from the diagnosis: the issue of statelessness faced by thousands of children born to Venezuelan women in irregular migratory status in all regions of the country during this period.

Keywords: Migration, human rights, migration policy, regional diagnosis, public policy, Colombia.

 

Citación sugerida / Suggested citation

Palacios Sanabria, M. T. y Londoño Toro, B. (eds.) (2019). Migración y Derechos Humanos: el caso colombiano, 2014-2018. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

https://doi.org/10.12804/tj9789587842951

Migración y Derechos Humanos:

el caso colombiano, 2014-2018

María Teresa Palacios Sanabria

Beatriz Londoño Toro

—Editoras académicas—

Migración y Derechos Humanos: el caso colombiano, 2014-2018 / María Teresa Palacios Sanabria, Beatriz Londoño Toro, editoras académicas. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2019.

xiii, 420 páginas.

Incluye referencias bibliográficas.

1. Emigración e inmigración – Colombia 2. Emigración e inmigración – Venezuela 3. Derechos humanos (Derecho internacional) 4. Política pública – Colombia 5. Política pública – Venezuela I. Palacios Sanabria, María Teresa, editora II. Londoño Toro, Beatriz, editora III. Universidad del Rosario IV. Título

304.82  SCDD 20

Catalogación en la fuente — Universidad del Rosario. CRAI

SANN Agosto 20 de 2019

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

 

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Jurisprudencia

 

©  Editorial Universidad del Rosario

© Universidad del Rosario

© Varios autores

 

Editorial Universidad del Rosario

Carrera 7 Nº 12B-41, oficina 501
Teléfono 297 02 00 Ext. 3112

editorial.urosario.edu.co

 

Primera edición: Bogotá D.C., septiembre de 2019

 

ISBN: 978-958-784-294-4 (impreso)

ISBN: 978-958-784-295-1 (epub)

ISBN: 978-958-784-296-8 (pdf)

DOI: https://doi.org/10.12804/tj9789587842951

 

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Lina Morales

Diseño de cubierta: Miguel Ramírez, Kilka DG.

Imagen de portada: Fotografía de Hugo Ramírez Arcos, Puesto fronterizo de Paraguachón

Diagramación: Martha Echeverry

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

 

Hecho en Colombia
Made in Colombia

 

Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a la Universidad ni sus políticas institucionales.

El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad del Rosario.

Contenido

 

 

Introducción

 

1. Nuevas realidades de los flujos migratorios hacia Colombia

María Teresa Palacios Sanabria

Beatriz Londoño Toro

Alejandra Lozano Amaya

 

Introducción

1.1. Regulación y políticas migratorias en Colombia: perspectivas institucionales desde el ámbito nacional e internacional

1.2. Diagnóstico de los derechos a la educación, salud, trabajo y justicia: una mirada desde la caracterización de la población migrante en Colombia

Retos y perspectivas de la ley migratoria colombiana: propuestas iniciales para una política integral

Referencias

Anexo 1. Síntesis de la normatividad producida en dos momentos regulatorios de la migración en Colombia 2014-2016 y 2017-2018

 

2. DESDE LAS FRONTERAS

 

2.1. Migración en el Nororiente colombiano

Xiomara Ramirezparis Colmenares

Álvaro Jesús Sepúlveda Yáñez

Denisse Herreño Castellanos

Eliberto Sierra Gutiérrez

 

2.1.1. San José de Cúcuta, ciudad priorizada en el análisis

2.1.2. Situación de los derechos de la población inmigrante ubicada en la zona objeto de estudio

Conclusiones

Referencias

Anexo 1. Causas de morbilidad en venezolanos año 2017

Anexo 2. Causas de morbilidad en venezolanos año 2018 (abril)

Anexo 3. Causas de mortalidad en venezolanos año 2017

Anexo 4. Causas de mortalidad en venezolanos año 2018

 

2.2. Diagnóstico regional de la migración en el sur de Colombia

Isabel Goyes Moreno

Aura Cecilia Torres Burbano

Jesica Lizeth Delgado Solarte

 

2.2.1. Contexto del departamento de Nariño

2.2.2. Análisis de las cifras e informes de caracterización de la población migrante en la región

2.2.3. Situación de los derechos de la población inmigrante en Nariño

2.2.4. Buenas prácticas identificadas en la región Sur

Conclusiones y recomendaciones

Referencias

 

2.3. Diagnóstico regional de la migración venezolana en la costa Caribe colombiana: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta

 

2.3.1. Caracterización de las mujeres migrantes venezolanas: su estadía en Barranquilla, 2014-2018

Maury Almanza Iglesias

Sandra Irina Villa Villa

Leticia Elena Hundek Pichón

Juan Carlos Berrocal Durán

 

Introducción

a) Metodología

b) Marco normativo

c) Análisis de garantía del derecho a la salud de la población venezolana migrante en Colombia

d) Análisis de los resultados de las entrevistas

e) Atención en salud de las mujeres migrantes venezolanas en el Hospital Niño Jesús de Barranquilla

f) Programa de Madres Gestantes

g) Buenas prácticas regionales en salud

Conclusiones

Referencias

 

2.3.2. Caracterización de los flujos migratorios en el departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta con relación al reconocimiento, protección y garantía del derecho a la salud de los ciudadanos venezolanos en el período 2017-2018

Edimer Latorre Iglesias

Marcela M. Ojeda Díaz

 

Introducción

Metodología

Resultados

Conclusiones

Referencias

Anexo 1. Asistencia Brigada de Atención Jurídica por género

Anexo 2. Atención legal por género

 

2.3.3. Diagnóstico del acceso a la salud en la población migrante venezolana de la ciudad de Cartagena

Georgina Isabel de León Vargas

 

Introducción

a) Migración de ciudadanos venezolanos versus derecho a la salud, contexto Cartagena

Conclusiones

Referencias

 

3. DESDE LA REGIÓN CENTRO DE COLOMBIA

 

3.1. Una mirada a los derechos de la población migrante en el Distrito Capital: retos de una creciente realidad

María Lucía Torres Villarreal

Paola Marcela Iregui Parra

Alejandra Lozano Amaya

 

Introducción

3.1.1. Metodología

3.1.2. Caracterización de los migrantes venezolanos en Bogotá

3.1.3. Situación de los derechos: una mirada en doble perspectiva

3.1.4. Buenas prácticas y logros de la migración en el Distrito Capital

Conclusiones

Referencias

 

3.2. Migración en el municipio de Soacha

Ana María Solarte Cuncanchón

Édgar Alberto Roa Martínez

Martha Irene López Pineda

Erika Johana Quevedo Romero

 

3.2.1. Contexto regional - Soacha

3.2.2. Metodología aplicada

3.2.3. Análisis de las cifras e informes de caracterización de la población migrante en la región

3.2.4. Análisis de garantía del derecho a la salud, educación, trabajo y acceso a la justicia

3.2.5. Buenas prácticas

Conclusiones

Referencias

 

3.3. Zipaquirá: inmigración y derechos humanos

Angélica Armenta Ariza

 

3.3.1. Presentación general del municipio de Zipaquirá

3.3.2. Organigrama de la administración municipal actual del municipio de Zipaquirá

3.3.3. Normas referidas a la atención e inclusión de población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Zipaquirá

3.3.4. La situación de la población inmigrante en el municipio de Zipaquirá

Referencias

 

3.4. Tunja: ciudad de tránsito migratorio de venezolanos, 2014-2018

Claudia P. Guerrero A.

Haissid Eduardo Chinome Castillo

 

3.4.1. Elementos importantes del contexto

3.4.2. Situación de los derechos de la población inmigrante

3.4.3. Análisis de resultados

Conclusiones

Referencias

 

3.5. La migración venezolana en el Huila: contexto y perspectivas

Germán Alfonso López Daza

Carlos Fernando Gómez García

 

Introducción

3.5.1. Ubicación geográfica del departamento del Huila

3.5.2. Población

3.5.3. La migración venezolana en el Huila

3.5.4. Actividades laborales, criminalidad e impacto social

3.5.5. Movilidad humana desde una visión periodística

Conclusiones

Referencias

 

4. DESDE ANTIOQUIA Y EL EJE CAFETERO

 

4.1. Migración en la ciudad de Medellín: aproximación a un diagnóstico sobre el acceso a los derechos

Natalia Baena Robledo

Bibiana Catalina Cano Arango

Elvigia Cardona Zuleta

Ana María Londoño Agudelo

Astrid Osorio Álvarez

María Fernanda Paz

Diana Patricia Restrepo

Pablo Uribe Wolff

 

Introducción

4.1.2. El derecho a la salud en contextos migratorios: el caso de la población venezolana en la ciudad de Medellín

4.1.3. El derecho al trabajo en contextos migratorios: el caso de la población venezolana en la ciudad de Medellín

4.1.4. El derecho a la educación en contextos migratorios: el caso de la población venezolana en la ciudad de Medellín

4.1.5. El acceso a la justicia en contextos migratorios: el caso de la población venezolana en la ciudad de Medellín

4.1.6. Buenas prácticas identificadas en la región

Reflexiones finales: críticas, retos y desafíos

Referencias

 

4.2. La migración en el Eje Cafetero

Luisa Fernanda Hurtado Castrillón

Andrés David Moncayo Clavijo

Erika María Bedoya Hernández

Sandra Botero Gaviria

Jenny Alexandra Echeverri Herrera

Alexandra Hurtado Maya

Vanessa Quintero Ríos

María del Pilar Triana

Diana Carolina Arango

 

4.2.1. Elementos importantes del contexto

4.2.2. Análisis de las cifras e informes de caracterización de la población migrante en la región

4.2.3. Situación actual al respecto de derechos humanos de la población inmigrante

4.2.4. Buenas prácticas identificadas en la región: una aproximación a las organizaciones en pro de atención a la población migrante en el Eje Cafetero

Conclusiones

Referencias

 

5. Retos frente al fenómeno de movilidad humana transfronteriza proveniente de Venezuela: protección internacional y apatridia en Colombia

Astrid Osorio Álvarez

Laura Ximena Pedraza Camacho

 

Introducción

5.1. Sobre el procedimiento de refugio en Colombia

5.2. Sobre la apatridia y el riesgo de apatridia

Recomendaciones

Referencias

 

Los autores

Introducción

Las migraciones internacionales son consideradas uno de los retos más importantes del siglo XXI y al parecer a nivel global ningún país ha podido permanecer al margen de los movimientos de personas, ya sea por configurarse como países de origen o de destino de dichos flujos. En la actualidad, según las cifras reportadas por la Organización de las Naciones Unidas, se puede hablar de 258 millones de migrantes, lo que corresponde al 3,4 % de la población total en el mundo (ONU, 2017).

Los cambios en los flujos migratorios en la región de América Latina se describen a partir de patrones que los expertos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2018) han señalado como migraciones intrarregionales, es decir, las que ocurren entre Estados de la región; extrarregionales, que implican movilidad hacia países de Norteamérica u otras regiones del mundo; e inmigraciones extrarregionales.

Las variaciones más frecuentes en la región tienen que ver con la dirección de estos procesos orientada hacia la movilidad intrarregional, especialmente hacia el Cono Sur, cambiando la tendencia que existió en el decenio anterior. De igual forma, se reseñan como novedades la denominada inmigración extrarregional, pues han llegado flujos importantes de personas provenientes de regiones como Asia, África, el Caribe, entre otras, con alto impacto en Latinoamérica. El retorno de nacionales por las crisis laborales y políticas en los Estados a los cuales habían migrado es igualmente un cambio significativo en la región e implica estrategias para asumir sus implicaciones demográficas, sociales y políticas.

A este cambio en la dirección de la migración, se le suma la intensidad, propiciada en respuesta a la agudización de las crisis políticas en varios países y facilitada por la puesta en marcha de mecanismos de integración regionales, el soporte que implican las nuevas tecnologías y la reducción de costos de transporte.

En relación con la composición de los flujos migratorios, la OIM señala:

[…] se destaca que América del Sur ha experimentado en las últimas décadas una creciente feminización de sus flujos migratorios, motivada por cambios en la demanda laboral y en las estrategias familiares, en las que las mujeres juegan un papel central. Al mismo tiempo, se destaca que los migrantes se concentran en los grupos etarios de entre 20 y 60 años, consolidando con esto el perfil fuertemente laboral de estas corrientes migratorias (Organización Internacional para las Migraciones, 2018).

Es importante evidenciar que se observan en la región diversas respuestas institucionales que van desde la imposición de barreras normativas, administrativas e incluso físicas para los migrantes, hasta aproximaciones iniciales a modelos migratorios con enfoque de derechos humanos esenciales.

Al examinar el caso colombiano, debe resaltarse que el país enfrenta en la actualidad una verdadera transformación en los flujos migratorios, pues durante más de dos décadas se diseñaron planes y políticas para enfrentar el problema humanitario asociado al desplazamiento forzado interno, dando así respuesta a movimientos de personas dentro del país. Por otra parte, al visibilizar la migración internacional se privilegió un enfoque orientado a dar atención a los colombianos residentes en el exterior, enfoque que se observa en el Plan de Desarrollo Nacional de la época (2002-2006), el programa de identificación y anotación consular conocido como “Colombia nos une”, el documento Conpes 3603 de 2009, que también planteó una mirada unidireccional de la migración, y la Ley 2011, que se aprobó con pretensiones de generalidad y con el ánimo de regular integralmente el tema de la migración como un sistema.

La realidad actual se va modificando sustancialmente, ya que al país llegan importantes contingentes migratorios intrarregionales. La migración proveniente de Venezuela es significativa, además del número de personas que han retornado a Colombia. Para atender dichos flujos de personas, es necesario no solo contar con un marco normativo completo, sino también disponer de una estructura institucional coordinada.

El proyecto que sustenta esta obra buscó realizar una caracterización de la población inmigrante en el territorio colombiano en seis regiones del país (Antioquia, Centro, Costa Caribe, Eje Cafetero, Nororiente y Sur), desde una perspectiva de derechos humanos, con el propósito de detectar las principales problemáticas a las que se ve enfrentada dicha población en el reconocimiento efectivo de sus derechos al trabajo, salud, educación y acceso a la justicia, teniendo como eje central de análisis su situación migratoria (regularidad o irregularidad); el período que cubre el estudio es 2014-2018, etapa en la cual se incrementa en forma significativa la migración al país. La realización de este diagnóstico contó con el liderazgo de la Secretaría Técnica de la Red Sociojurídica, la coordinación de la Universidad del Rosario y la participación de 21 universidades y una ONG, además del apoyo de entidades nacionales y regionales, organizaciones sociales y población civil.

La investigación se trabajó desde técnicas mixtas, se utilizó revisión documental, revisión de prensa local, acercamiento a instituciones públicas y privadas para identificar fuentes de información, estadística y documentos relevantes sobre la situación de los derechos de la población inmigrante en cada una de las regiones seleccionadas.

Se efectuó trabajo de campo con líderes de organizaciones sociales, religiosas, de derechos humanos, de migrantes y funcionarios para identificar, a través de entrevistas enfocadas, sus acciones, logros y limitaciones en la atención social de los migrantes. Se desarrollaron igualmente Brigadas de Atención a Migrantes en las universidades participantes en el proyecto, con apoyo de la Corporación Opción Legal, de los investigadores, estudiantes y profesores de los consultorios jurídicos. Finalmente, se llevó a cabo triangulación de la información en cada una de las regiones y se escribieron los capítulos en los equipos de investigación.

La estructura de este diagnóstico tiene varias características: i) es fruto de un esfuerzo amplio y articulado de investigadores de las regiones de Colombia, es el resultado de un trabajo en red; ii) se realizó con los recursos de las universidades e instituciones participantes; iii) generó un proceso de aprendizaje y reflexión interna en las universidades participantes, fortaleciendo nuevos escenarios de investigación de acción participativa a través del acercamiento a organizaciones de migrantes, organizaciones de apoyo a migrantes, población migrante, instituciones del Estado y organizaciones internacionales; iv) se unificaron herramientas investigativas y virtuales de apoyo, se trabajó en coordinación, en reuniones mensuales utilizando espacios de videoconferencia y se diseñó en forma conjunta la estructura de los aportes regionales que se esperaba sistematizar; v) los resultados se escribieron desde lo local, reconociendo las diferencias regionales en el abordaje y respuesta frente a los derechos de la población migrante; vi) se evidencia un gran respeto por los esfuerzos realizados y muchas propuestas y recomendaciones para generar futuras investigaciones, debates y encuentros. Por último, consideramos que no se trata de cifras frías sin contextualización, sino de un análisis con perspectiva de derechos humanos.

La estructura del texto comienza con una presentación general sobre el fenómeno migratorio en Colombia y la respuesta estatal de orden nacional en relación con los derechos de la población migrante en el período 2014-2018. A continuación se presenta a través de los equipos regionales el resultado de los diagnósticos, iniciando con las fronteras (Cúcuta, Pasto, costa Caribe), luego con la zona centro (Bogotá, Soacha, Zipaquirá, Tunja y Huila), donde se aglutina el mayor porcentaje de migrantes venezolanos; después se expone el diagnóstico desde Antioquia y el Eje Cafetero. El trabajo finaliza con una reflexión producto de la alianza de universidades y ONG sobre la situación de apatridia como una de las más graves vulneraciones de derechos humanos, derivada de la ausencia de respuestas estatales frente a la migración venezolana.

Este documento se inicia con un capítulo de contextualización nacional “Nuevas realidades de los flujos migratorios hacia Colombia”, escrito por las profesoras de la Universidad del Rosario María Teresa Palacios Sanabria y Beatriz Londoño Toro, con apoyo de la estudiante de maestría Alejandra Lozano Amaya. En él se hace una reflexión de lo que ha sido la política migratoria en el Estado colombiano en los últimos años y aborda las respuestas institucionales frente a la migración en Colombia en el período 2014-2018, la articulación interinstitucional para la atención de las personas migrantes y los esfuerzos de articulación regional con otros Estados y organismos internacionales. A partir de la caracterización de la población migrante en Colombia, se examina con un enfoque de derechos humanos el diagnóstico de orden nacional frente a la garantía de los derechos a la salud, la educación, el trabajo y el acceso a la justicia, analizando las cifras consolidadas y reportadas por las instituciones de orden nacional y por las organizaciones internacionales que han apoyado proyectos de caracterización de los migrantes que actualmente encuentran al país como un Estado de destino.

A continuación se exponen los diagnósticos construidos desde las regiones de Colombia, iniciando con los realizados desde las regiones fronterizas, Santander, Nariño y costa Caribe, donde se evidencian impactos significativos en materia de derechos humanos de las personas migrantes.

El estudio titulado “Migración en el Nororiente colombiano” fue elaborado por Xiomara Ramirezparis Colmenares, Álvaro Jesús Sepúlveda Yáñez de la Universidad de Santander en Cúcuta y Denisse Herreño Castellanos y Eliberto Sierra Gutiérrez, investigadores de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. En este trabajo se identifican los principales corredores migratorios de la región, se prioriza el estudio de la ciudad de Cúcuta y sus comunas 3, 4, 6 y 7, por su ubicación y alta concentración del flujo migratorio de venezolanos en la ciudad. Se efectúa un análisis sobre la situación de los derechos de la población inmigrante ubicada en la zona objeto de estudio, a través de entrevistas a funcionarios y a población migrante, para evaluar la oferta institucional, el acceso a derechos para la población migrante y las barreras más frecuentes. Se concluye en esta investigación que la posibilidad de regularización migratoria está directamente ligada con el ejercicio de los derechos de la población migrante. Con relación a la población receptora, se evidencia temor e incremento de xenofobia. La alternativa que se ha planteado se orienta al trabajo pedagógico y de divulgación de derechos con apoyo de los organismos internacionales y ONG. De igual forma, se señala la urgente necesidad de fortalecer la economía de la región con nuevos emprendimientos para generar empleo, desarrollo y oportunidades en la frontera.

El capítulo “Migración en el sur de Colombia”, elaborado por las investigadoras Isabel Goyes Moreno, Aura Cecilia Torres Burbano y Jesica Lizeth Delgado Solarte de la Universidad de Nariño, hace referencia a un preocupante estado de vulneración de derechos humanos en Nariño, que afecta a las personas más indefensas. En la subregión sur, como frontera, se ha agravado la situación de derechos humanos con la llegada de migrantes venezolanos, y se han incrementado actividades como la migración irregular, la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La investigación evidencia que tanto en Pasto como en Ipiales se visibilizan problemas relacionados con el acceso a los servicios de salud, trabajo y justicia de población inmigrante que transita o busca residir en tales ciudades. Se examina cómo, a partir de 2017, se observa un incremento significativo en las cifras del registro de flujo migratorio venezolano regular en los puertos de control migratorio de Nariño y Putumayo. En relación con el derecho al trabajo, se observa cómo la informalidad migratoria deriva en informalidad laboral y cómo ha aumentado esta situación en Nariño. Quienes logran regularizar su situación han tenido oportunidades en este departamento y los empleadores valoran su alta calificación y desempeño. En cuanto al acceso a la justicia, se evidencia apoyo jurídico de las instituciones, universidades y organizaciones. Se destaca la acogida y solidaridad del pueblo nariñense y se describen buenas prácticas humanitarias y en el campo de la salud, muy interesantes para examinar en otros departamentos.

El siguiente capítulo lleva por título “La migración venezolana en la costa Caribe colombiana: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta”, dando cuenta de la caracterización de la población migrante venezolana en estas tres ciudades. Fue elaborado por investigadores del Nodo Caribe de la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica, con la participación de las siguientes universidades: Universidad Libre seccional Barranquilla, Universidad Sergio Arboleda sede Santa Marta, Universidad Simón Bolívar, Corporación Universitaria Rafael Núñez sede Barranquilla, Corporación Universitaria Rafael Núñez sede Cartagena y Universidad del Atlántico. En él se abordan problemáticas específicas en cada una de las ciudades; se inicia el recorrido con el documento “Las mujeres migrantes venezolanas: su estadía en Barranquilla”, escrito por los profesores Maury Almanza Iglesias, Sandra Irina Villa Villa, Leticia Elena Hundek Pichón y Juan Carlos Berrocal Durán.

El primer trabajo busca describir la caracterización de las condiciones de vida y salud de las mujeres migrantes venezolanas residentes en Barranquilla durante el período 2014-2018, y como objetivo específico, identificar las enfermedades por las cuales son atendidas o consultan las mujeres venezolanas en Barranquilla en dicho período. La estrategia metodológica utilizada para realizar esta investigación se enmarca en un enfoque descriptivo, cuantitativo-cualitativo, básicamente en las que se inscriben en el ámbito del método hermenéutico; se emplearon como técnicas la entrevista, encuestas y el análisis documental. La principal conclusión es que existe en esta ciudad un compromiso y solidaridad del personal y las instituciones de salud, en especial hacia la población de mujeres venezolanas gestantes y sus hijos que ha llegado a la ciudad.

El segundo análisis que se incluye se denomina “Flujos migratorios en el departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta”, escrito por los investigadores Edimer Latorre Iglesias y Marcela M. Ojeda Díaz de la Universidad Sergio Arboleda sede Santa Marta, el cual plantea que siendo la migración de ciudadanos venezolanos al departamento del Magdalena un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años, como consecuencia de la crisis social que se presenta en el vecino país, es necesario estudiar las consecuencias que para esta sociedad tienen estos flujos migratorios. El texto tiene como objetivo llevar a cabo una caracterización de los flujos mixtos migratorios en el departamento del Magdalena en relación con el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la salud en el período 2017-2018. De este modo, se encontró que las principales barreras de acceso a los derechos por parte de los migrantes se dan como consecuencia de su permanencia irregular en el territorio, afectando así la calidad de vida de sus familias y el completo desarrollo de los derechos de los cuales son depositarios amparados en organizaciones supranacionales como la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos.

El capítulo sobre la costa Caribe finaliza con el estudio sobre “El acceso a la salud de la población migrante venezolana en Cartagena”, realizado por la investigadora Georgina Isabel de León Vargas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez en Cartagena. En este trabajo se destaca cómo la ciudad de Cartagena, territorio turístico emblemático, también ha sido protagonista de la mayor crisis migratoria que se vive en los últimos años en nuestro país. De acuerdo con el censo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, se registró, para junio de 2018, un total de 12 900 personas de nacionalidad venezolana, por lo que se quiso integrar en el análisis y diagnóstico la situación que enfrentan los migrantes en el acceso al derecho fundamental de la salud en la ciudad de Cartagena, y poder brindar, desde estos escenarios académicos, posibles soluciones y recomendaciones que sirvan de ayuda a la población objeto de estudio.

El capítulo tercero recoge los aportes al diagnóstico desde la región centro. Se inicia con una presentación sobre la migración en Bogotá; en el capítulo intitulado “Una mirada a los derechos de la población migrante en el Distrito Capital”, elaborado por las investigadoras María Lucía Torres Villarreal, Paola Marcela Iregui Parra y Alejandra Lozano Amaya de la Universidad del Rosario, se aborda el diagnóstico tomando como punto de análisis la ciudad de Bogotá, al tratarse de un destino migratorio frecuente. En la primera parte se realiza una caracterización de las personas migrantes que se encuentran en el Distrito Capital, a partir de la información institucional recaudada y de entrevistas efectuadas a migrantes, con el fin de obtener una muestra que permita aportar elementos para una construcción aproximada del perfil migratorio de la población objeto de estudio. La segunda parte expone la situación de los derechos definidos para la investigación (salud, educación, trabajo y acceso a la justicia) desde una doble perspectiva: de un lado, de las instituciones del Distrito y su alineación con las instituciones del orden nacional; y, del otro lado, de los migrantes y su percepción frente al acceso a dichos derechos, evidenciando las posibles barreras que pueden darse tanto en el conocimiento de estos como en su materialización. La tercera parte plantea las buenas prácticas desde los logros que se han alcanzado para conjurar la crisis migratoria, en términos de gestión y articulación interinstitucional, finalizando con algunas conclusiones.

Continúa este capítulo con el trabajo “Migración en el municipio de Soacha”, efectuado por los investigadores Ana María Solarte Cuncanchón, Édgar Alberto Roa Martínez, Martha Irene López Pineda y Erika Johana Quevedo Romero de la Universidad Cooperativa de Bogotá. Es indudable que el municipio de Soacha afronta desde hace décadas una constante actividad migrante de divergentes poblaciones que se asientan en su urbe, provenientes de distintos sectores del país, debido a diferentes causas y, particularmente, a raíz de sendas problemáticas de tipo social que enfrentan tales grupos poblacionales. El establecimiento masivo de migrantes en esta municipalidad ha generado un aumento significativo en su población y, de paso, la necesidad de ampliar la cobertura de servicios esenciales, que permitan el acceso de las necesidades básicas de los migrantes. El diagnóstico que se presenta da cuenta del contexto de este municipio, luego aborda el análisis de las cifras e informes de caracterización en esta zona, aproximándose a continuación al estudio de los derechos de la población migrante en Soacha, haciendo énfasis en el derecho a la salud y el derecho a la educación.

El tercer texto de este capítulo se llama “Zipaquirá: inmigración y derechos humanos”, y fue escrito por la profesora Angélica Armenta Ariza de la Unicoc. Presenta un análisis de contexto y la estructura de la administración municipal en sus funciones de respuesta a la población migrante, así como normas referidas a la atención e inclusión de población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Zipaquirá. Finaliza con un estudio de la respuesta institucional frente a los derechos de la población migrante en este municipio.

Posteriormente, está el trabajo “Tunja: ciudad de tránsito migratorio de venezolanos, 2014-2018”, hecho por Claudia Patricia Guerrero A. y Haissid Eduardo Chinome Castillo de la Universidad de Boyacá. En este aparte se examina el contexto de la ciudad, la realidad que desborda las políticas públicas locales relacionada con la migración de personas venezolanas en tránsito hacia otras regiones de Colombia y Suramérica, las graves dificultades para su atención y las respuestas humanitarias que se identifican como buenas prácticas en la ciudad.

El capítulo termina con el documento “La migración venezolana en el Huila”, escrito por los investigadores Germán Alfonso López Daza y Carlos Fernando Gómez García de la Universidad Surcolombiana. Este trabajo se inicia con una ubicación en el contexto de la región, luego se analiza la tipología de migración que ha recibido el Huila, concluyendo que es un territorio de tránsito, y señala las rutas y características de esta situación. Finaliza el trabajo con el tema de actividades laborales, criminalidad e impacto social, donde se evidencia que la población venezolana realiza labores de supervivencia y trabajo informal. Se revisan cifras oficiales para concluir que esta migración no ha tenido incidencia en temas de criminalidad. Como complemento, se agrega un estudio sobre movilidad humana y su reporte en los medios periodísticos.

Completan este recorrido los diagnósticos de Antioquia y el Eje Cafetero, regiones con amplia experiencia en materia migratoria hacia el exterior y que hoy asumen el fenómeno de la migración de población venezolana. El capítulo cuarto empieza con el estudio de la “Migración en la ciudad de Medellín: aproximación a un diagnóstico sobre el acceso a los derechos”, efectuado por Natalia Baena Robledo (Uniremington), Bibiana Catalina Cano Arango (Unaula), Elvigia Cardona Zuleta, Ana María Londoño Agudelo y Astrid Osorio Álvarez (Universidad de Antioquia), María Fernanda Paz (Universidad de Medellín), Diana Patricia Restrepo (Unaula) y Pablo Uribe Wolff (Eafit). Comienza con una introducción que nos permite una ubicación teórica en el tema de la migración, luego se examinan los derechos a la salud, al trabajo y a la educación en contextos migratorios y se precisa el caso de Medellín. El trabajo termina con la presentación de las buenas prácticas que se han dado en la ciudad y destacando el Programa de Protección Internacional, liderado por la Universidad de Antioquia.

En el texto “La migración en el Eje Cafetero”, elaborado por Luisa Fernanda Hurtado Castrillón, Andrés David Moncayo Clavijo, Erika María Bedoya Hernández y Sandra Botero Gaviria (Universidad Libre de Pereira), Jenny Alexandra Hurtado Maya (Fundación Universitaria Autónoma de las Américas), Vanessa Quintero Ríos María del Pilar Triana y Diana Carolina Arango (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), se lleva a cabo un análisis del contexto que se complementa con aportes conceptuales valiosos. Seguidamente, se realiza un análisis de las cifras y un intento de acercamiento a los informes de caracterización de la población migrante en la región. Se estudia, igualmente, la situación actual respecto de derechos humanos de la población inmigrante desde dos miradas: la institucional y la de la población migrante. Finaliza con una identificación de las buenas prácticas de las organizaciones sociales que trabajan en la región en apoyo a los migrantes.

Por último, encontramos el capítulo quinto, denominado “Retos frente al fenómeno de movilidad humana transfronteriza proveniente de Venezuela: protección internacional y apatridia en Colombia”, escrito por dos asesoras de la Corporación Opción Legal, Astrid Osorio Álvarez (Universidad de Antioquia) y Laura Ximena Pedraza Camacho (Universidad del Rosario). El documento expone una serie de retos, dificultades y recomendaciones respecto al contexto de necesidad de protección internacional, riesgo de apatridia en Colombia, producto de la experiencia en terreno de las oficinas del programa, principalmente a través de la estrategia de asistencia legal a casos y la investigación del equipo. En particular, las cuestiones descritas responden a la experiencia del programa de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Antioquia.

Por todo lo anterior, tanto la dirección de la investigación como el equipo de investigadores estimaron pertinente dar cuenta de las medidas adoptadas hasta la fecha en varias de las regiones del país para enfrentar la nueva realidad. Consideramos necesario comprometernos con la comprensión de la migración como una oportunidad para el país, una oportunidad para el aprendizaje desde una cultura de respeto por los derechos humanos, una oportunidad para la integración efectiva de las personas, para practicar la solidaridad internacional y para buscar alternativas desde la academia a fin de fomentar el desarrollo del país. Entender la migración es definitivamente un reto para las democracias actuales, democracias en donde debe privilegiarse la dignidad y el respeto por las personas.

1. Nuevas realidades de los flujos migratorios hacia Colombia

María Teresa Palacios Sanabria*

Beatriz Londoño Toro**

Alejandra Lozano Amaya***

 

* Abogada, Universidad del Rosario. Doctora en Derecho, Universidad de Sevilla. Profesora asociada, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario; directora Grupo de Investigación en Derechos Humanos.

** Abogada, UPB. Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Profesora titular, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario; investigadora sénior de Colciencias.

*** Abogada, Universidad del Rosario. Investigadora de los proyectos “Diagnóstico regional de la migración venezolana en Colombia” y “Feminización de la migración venezolana con enfoque de derechos humanos”.

Introducción

La crisis humanitaria presente en Venezuela en los últimos años ha desencadenado un fenómeno nuevo para Colombia: la migración de millones de personas venezolanas o colombianas (retornadas) que llegan al país buscando alternativas frente a diversos fenómenos, como la persecución o amenaza a su vida, libertad o seguridad, o la carencia de acceso a derechos y a condiciones que les permitan vivir con dignidad. El panorama que genera esta situación coyuntural se ha mirado como un gran reto para la sociedad colombiana y para el Estado.

Este capítulo realiza una reflexión de lo que han sido los aportes para la construcción de una política migratoria en el Estado colombiano en los últimos años y aborda las respuestas institucionales frente a la migración en el período 2014-2018, la articulación interinstitucional para la atención de las personas migrantes y los esfuerzos de articulación regional con otros Estados y organismos internacionales. En la segunda parte y a partir de la caracterización de la población migrante en Colombia, se examina con un enfoque de derechos humanos el diagnóstico de orden nacional frente a la garantía de los derechos a la salud, la educación, el trabajo y el acceso a la justicia, analizando las cifras consolidadas y reportadas por las instituciones de orden nacional y por las organizaciones internacionales que han apoyado proyectos de caracterización de los migrantes que actualmente encuentran al país como destino.

En el diseño metodológico de este capítulo, se incorpora una revisión documental con corte a diciembre de 2018 con énfasis en los informes de las organizaciones internacionales, de las instituciones estatales y de las universidades. De igual forma, se incluyen los resultados de un ejercicio de mesas temáticas convocadas por la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá con entidades del orden nacional, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, así como las relatorías de los principales aspectos desarrollados sobre el tema durante los dos últimos años.

1.1. Regulación y políticas migratorias en Colombia: perspectivas institucionales desde el ámbito nacional e internacional

Es cuestionable/conflictivo hablar de política migratoria en Colombia, pues no es posible identificar a la fecha un cuerpo normativo articulado, coherente y uniforme al cual pueda realizársele un análisis desde ejes comunes o transversales. Por el contrario, resulta más apropiado referirse a normas coyunturales que buscan abordar temas puntuales y que han tenido como principal característica el desarrollo de medidas sectorizadas con el fin de dar respuesta a la situación migratoria derivada del incremento en la población extranjera proveniente de Venezuela.

Para entender la tendencia normativa que ha adoptado el Estado colombiano frente a la migración, es necesario referirse de manera muy breve a la historia migratoria de nuestro país, caracterizado mundialmente como un tradicional país de origen de migrantes. Al margen de los flujos migratorios sucedidos en los procesos de conquista y colonización de las Américas, son realmente precarios los movimientos de personas hacia Colombia, pues luego del proceso de Independencia se produjeron esporádicos ingresos de extranjeros provenientes de Alemania, España, Italia, países árabes y comunidad judía, que desempeñaron el papel de dinamizar la economía del país en sectores productivos muy específicos (Tovar Cuevas y Vélez Velásquez, 2007). De allí que Colombia se diferencia de varios de los países de América del Sur que sí recibieron flujos migratorios importantes y ello contribuyó al desarrollo de sus culturas, economías y poblaciones con altos grados de diversidad (Mármora, 2010).

Para efectos del análisis que se pretende en este capítulo, plantearemos los principales hitos o momentos alrededor de tres temas: i) respuestas institucionales frente a la migración en Colombia en el período seleccionado; ii) articulación interinstitucional para la atención de las personas migrantes; y iii) esfuerzos de articulación regional con otros Estados y organismos internacionales.

La regulación colombiana en materia migratoria en este período permite observar dos tendencias interesantes que marcan una evolución y evidencian la gran falencia: la ausencia de una política migratoria integral que dé cuenta de los diferentes flujos migratorios y los esfuerzos coyunturales del gobierno por tratar de generar política a través de planes, programas y regulaciones que permitan atender la migración en el país.

Para realizar la reflexión propuesta, resulta de utilidad tener en consideración que Colombia ha ratificado un número significativo de tratados internacionales en materia de derechos humanos que son aplicables a las personas extranjeras; el más importante de estos es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990. En virtud de este tratado incorporado a la normativa colombiana a través de la Ley 146 de 1994, el Estado debe desarrollar un catálogo de garantías dentro del marco de la Constitución de 1991, ello le obliga internacionalmente a respetar un mínimo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales desde dos esquemas de protección; de un lado, el aplicable a aquellos extranjeros que se encuentran en situación jurídica de regularidad; y, de otro lado, el aplicable a quienes carecen de documentación o trabajadores en condición de irregularidad.1

Como la mayor parte de los tratados del orden universal, este tiene un órgano de seguimiento, que es el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (en adelante el Comité o el Comité de Trabajadores Migratorios), el cual ha realizado una serie de observaciones al Estado colombiano en virtud de los informes periódicos presentados por el país sobre lo que es necesario desarrollar dentro de la normatividad colombiana para poder dar cumplimiento a los estándares y buenas prácticas que se plantean en la letra del tratado. En ese orden de cosas, al hacer una revisión de las medidas adoptadas por Colombia en el período señalado, dicha medida se contrastará con las acciones declaradas por el Estado ante el Comité y con las recomendaciones que este ha emitido en aras de garantizar un cumplimiento de los compromisos internacionales (Comité de Trabajadores Migratorios, s. f.).

1.1.1. Respuestas institucionales frente a la migración en Colombia en el período 2014-2018

Las medidas que ha adoptado el Estado colombiano para atender la realidad migratoria entre 2014 y 2018 han sido medidas de coyuntura y de emergencia, característica que consideramos propia de todo el desarrollo normativo nacional existente en esta materia hasta la fecha, lo que obedece a la ausencia de regulación legal, clara e integral, que permita estructurar una atención transversal y coordinada a nivel nacional. Por años, la preocupación del Estado colombiano consistió en dar atención a los colombianos en el exterior y prueba de ello es el documento Conpes 3603 de 2009 y la Ley 1465 de 2011. Sobre este tema en particular, el Comité ha exaltado, desde el primer examen periódico presentado por el país, el interés en desarrollar legislación migratoria, pero advirtió que pese a que Colombia se ha comportado de manera tradicional como un Estado de origen de inmigrantes, se hacía necesario que se preparara para un proceso de transformación del perfil migratorio por presentar ciertas potencialidades que lo harían atractivo como Estado de tránsito y de destino dentro de la región. A pesar de que estas importantes recomendaciones se producen en el año 2009, Colombia no adapta su normativa para ser un Estado de acogida y en 2013 de nuevo, en el segundo examen periódico, el Comité se vuelve a pronunciar en este sentido, señalando que, si bien es un gran avance que el Estado cuente con una normativa relativa al retorno, como la Ley 1565 de 2012, se hace inminente el desarrollo de un marco integral que sea reflejo de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado y con un debido acompañamiento del fortalecimiento de los derechos laborales de los inmigrantes; por lo que exhorta al país a ratificar los convenios 97 y 143 de la OIT, relativos a los trabajadores migrantes. Los convenios son, a su vez, complemento de lo dispuesto en la CTMF, tratado del que ya es parte el Estado colombiano.

Lo anterior nos pone en contexto la actitud del país a la hora de enfrentar los enormes retos que presenta la migración en estos últimos años, es así como no resulta sorpresivo advertir que entre los años 2014 y 2016 la estrategia estatal se concentró en el retorno de colombianos expulsados de Venezuela y en la adecuación de las medidas de acogida establecidas por la Ley 1565 de 2012.

Se señalan cuatro tipos de medidas en este período; en el año 2015 se asumió el retorno de un número significativo de colombianos que fueron expulsados de Venezuela, para tal fin se aumentó la presencia institucional en los tres puntos principales de la frontera (La Guajira, Norte de Santander y Arauca) a través de unidades de control integradas por autoridades de orden nacional y local. De igual forma, se priorizó la atención humanitaria, se construyeron cinco albergues y se realizaron jornadas de salud, además de importantes esfuerzos que se materializan en la Ley 1565 de 2012, estableciendo incentivos para el retorno y la acogida de los colombianos residentes en el extranjero. Finalmente, se inició el monitoreo del flujo migratorio desde Venezuela.

Los años 2017 y 2018 evidenciaron nuevas tendencias normativas relacionadas con la expedición de decretos en temas tan importantes como el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), la creación de medidas de respuesta principalmente orientadas a las zonas fronterizas y los procesos de regularización de migrantes en estos territorios, acciones lideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia. Ya en el año 2018, se destacan el diseño de planes y programas nacionales sectoriales, y la expedición del documento Conpes 3950, como propuesta inicial de consolidación de la política migratoria (acciones estatales y recursos) frente a la población venezolana.

En el año 2017 se incluyen medidas para la gestión migratoria y el acceso a la oferta institucional, facilitados por dos instrumentos, el primero es la tarjeta de movilidad fronteriza (TMFPEP